"Propongo un compromiso político para poder juzgar a Pinochet en Chile"

Ricardo Lagos, de 60 años, autor de varios libros sobre economía, política y ciencias sociales y que estos días se encuentra en México dedicado a diversas actividades políticas y empresariales, cree que corresponde a los actores políticos conseguir que la imperfecta transición chilena refuerce su sistema judicial, y comprometer una profunda transformación de la institucionalidad heredada de la dictadura. "Se va a tener que avanzar en la justicia en Chile", subraya. El Gobierno británico debería permitir el regreso de Pinochet "para que enfrente en nuestros tribunales las responsabilidades que ha eludido a lo largo de estos años. El pueblo que sufrió los abusos tiene derecho a juzgarlo".No son tiempos de golpes de Estado, aunque algunos los teman. Lagos, que formó parte del Gobierno de Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973, conoció que ese miedo existía durante la campaña parlamentaria de 1989 mientras pronunciaba su discurso final. Una señora le escuchaba muy atenta, progresivamente entusiasmada. Prácticamente terminó hablando sólo para ella. Al acabar el mitin, la mujer se le acercó y se fundió con él en un abrazo. Ella lloraba con sollozos muy profundos. "Señora, por favor", le dijo. Y le contestó: "Señor, es que fui allendista, ¿sabe? Usted me ha convencido, pero no le voy a votar. ¡Tengo tanto miedo! Nos costó tan caro soñar. Prométame que si le voto no vuelven los militares".

Ministro de Obras Públicas en 1994 con el Gobierno de la concertación de Eduardo Frei, Lagos no quiere la vuelta de los militares, y pide que la actual crisis sea aprovechada para conducir a la catarsis democratizadora de un país donde su presidente no puede despedir a los mandos militares y donde el 20% de la Cámara alta es designado, no elegido.

Pregunta. ¿Cree usted que la democracia y la justicia chilenas tienen la fuerza suficiente como para poder juzgar a Pinochet?

Respuesta. Es imprescindible un compromiso y una voluntad de los chilenos de avanzar en esa dirección. Precisamente porque tenemos que fortalecer un sistema judicial que sea capaz de dar cuenta al mundo de que lo podemos hacer. Si eso no ocurre, el elemento central para decir "queremos que Pinochet sea juzgado en Chile" no se da. Por tanto, se requiere un compromiso político en esa dirección.

P. ¿Eso significa que la justicia chilena ahora no funciona?

R. En este momento, el que era jefe de la dirección de inteligencia nacional, de la Dina, está preso, y también colaboradores de él. Eso demuestra que hemos sido capaces de avanzar, tal vez no con la fuerza suficiente. Creo que se requieren pasos políticos importantes que aseguren que las cosas se van a hacer, y las vamos a hacer bien.

P. La comisión que viaje a Londres debería garantizar al Gobierno británico que Pinochet será llevado a los tribunales en Chile. ¿Es así?

P. Entre otras cosas. Pero eso sería, claro, una gran ayuda.

R. ¿Hay una fecha para conseguir esas garantías?

R. No, no hay fecha. Yo hice una declaración y los actores políticos tienen que responder a eso.

P. Parece como si todo quedara muy lejos, ¿no?

R. Creo indispensable, seamos claros, que tiene que haber un reconocimiento de los hechos [por parte del régimen de Pinochet], tiene que haber también una capacidad y una voluntad de hacer justicia.

P. ¿Son posibles esos cambios en las actuales circunstancias?

R. Me parece esencial entender que todavía tenemos una democracia sin concluir. Y, en este caso, el mundo nos hace una gran demanda. El mundo nos pasó tarjeta amarilla, o, si usted prefiere y en un ejemplo que los empresarios entienden muy bien, un conjunto de normas de calidad internacional en materia de productos que usted exporta. Así, hay también un conjunto de normas de calidad en materia de derechos humanos. Y Chile ha constatado, el mundo ha constatado, que a Chile todavía le falta por llegar. ¿Por qué no convertimos esta situación que se ha producido con el general Pinochet en una oportunidad para el país? Pongámonos al día, hagamos lo que tengamos que hacer. Convirtamos esto que ha sido una gran crisis en una oportunidad.

P. ¿Qué valoración le merece la posición del Gobierno español?

R. El Gobierno español ha dicho algo muy similar a lo que ha hecho el Gobierno británico. Es un tema judicial en el que las autoridades políticas no desean participar. Y la mejor demostración de ello es que, cuando la Audiencia Nacional pidió la solicitud de extradición, ésta fue despachada por el Gabinete, en lo que podríamos llamar una definición política. Éste es un caso judicial que tiene consecuencias políticas pero que debemos canalizarlo judicialmente.

P. ¿Y qué opina de la actuación del juez Baltasar Garzón?

R. Me parece que la judicialización de la política no es buena.

P. Algunos jefes militares piden romper relaciones diplomáticas con el Reino Unido y España.

R. Eso me parece que no tiene ningún sentido. Los mismos que están pidiendo romper relaciones diplomáticas piden que se envíe una delegación de alto nivel a negociar. ¿En qué quedamos? O rompes relaciones o envías gente a negociar. Ambas cosas no van juntas. Son un contrasentido.

P. ¿Es cierto que todo esto ocurre porque no se ha hecho bien la transición?

R. Parte de la soberanía de un país es dictar sus leyes, gobernarse a sí mismo y hacer justicia. Y porque no hemos hecho justicia es por lo que se han producido estos hechos. En consecuencia, lo que se refleja es una deficiencia en la difícil transición que hemos tenido. Desde ese punto de vista, hay que intentar una oportunidad para retomar el camino de los derechos humanos y retomar también el camino respecto a la institucionalidad actual, que no es la que la mayoría de los chilenos queremos.

P. ¿Es peligrosa la actual polarización del país?

R. Una situación como ésta ha producido un despertar de pasiones, una nueva polarización en la sociedad chilena, polarización que también estaba larvada y que este caso la hace explícita.

P. ¿Cuál cree que será el desenlace definitivo del caso Pinochet?

R. Es muy difícil saberlo. Lo importante es saber que la suerte de una persona que ha dividido a Chile no dificulta la consolidación de la democracia.

P. ¿Cómo resuelve el Gobierno chileno el conflicto moral de tener que defender a Pinochet cuando derrocó a un presidente constitucionalmente elegido?

R. Se defienden principios, no personas. ¿Qué principios? El principio de que gozan los parlamentarios en Chile. Y dentro de la peculiar transición chilena, la Constitución establecía que los ex presidente son después senadores vitalicios.

P. ¿También los presidentes que salen tras un golpe de Estado?

R. Ése es un conflicto, como ocurre muchas veces, entre los principios y el Estado de derecho y lo que usted y yo podamos considerar justo. Pero el Gobierno entiende que, si no se ciñe a los principios del Estado de derecho, caemos en una situación peor.

P. ¿Qué piensa de la extraterritorialidad?

R. Me parece que la evolución del derecho internacional apunta a que sean tribunales internacionales los llamados a juzgar este tipo de delitos. Es difícil entender, por respetable que sea la judicatura española o la británica, que estos países se erijan, por así decirlo, en personas que hacen justicia por hechos ocurridos en otros lugares del mundo.

P. Usted formó parte del Gobierno de Allende, ¿qué errores cometió?

R. Los que participamos de su Gobierno hicimos durante la larga dictadura (1973-1990) una autocrítica profunda. El presidente Allende fue leal a su pueblo y a sus ideas. Sin embargo, creo que cometimos errores políticos. El fundamental fue pensar que era posible hacer reformas muy profundas sin tener la mayoría ciudadana. Pero los errores que pudieran haberse cometido durante el Gobierno de Allende no justifican de ninguna manera la conducta de un terrorismo de Estado posterior.