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EL 'CASO PINOCHET'

Aznar y el tribunal de Siro y Baltasar

Existen suficientes testimonios en el sentido de que José María Aznar y sus asesores de La Moncloa tenían la casi total seguridad de que los jueces lores decidirían, el pasado miércoles 25 de noviembre, confirmar la inmunidad del general senador Augusto Pinochet. Hasta entonces, las declaraciones oficiales del Gobierno eran siempre del mismo tenor, que se puede resumir en torno a un eslogan machacón que se ha convertido ya en un escudo: "Es una decisión judicial, respetamos las resoluciones de los jueces". Pero toda la situación ha cambiado el miércoles, al ocurrir un hecho inesperado para los políticos: la anulación de la inmunidad. Del mismo modo que Pinochet y el Gobierno de Chile han realizado un ajuste fino de sus argumentos -el primero invoca ahora su estado de salud y pide compasión; el segundo afirma que si regresa a Chile Pinochet será juzgado-, La Moncloa también parece haber perdido la paciencia. Ahora es, casi, al pan, pan; y al vino, vino.No pasaron veinticuatro horas desde que en la Cámara de los Lores se anunció el veredicto contra la inmunidad y el comienzo de los primeros escarceos previos al procedimiento de extradición cuando José María Aznar, aprovechando la visita de Massimo D´Alema, presidente del Gobierno italiano, expresó por primera vez, sin máscaras, la posición del Gobierno español. Ambos dijeron que respetaban la independencia judicial.

Ataque a Garzón

Pero hete aquí que, debajo del disfraz de baile, Aznar dijo algo muy significativo: "Nadie entendería que ningún país tomara la decisión de convertirse en Tribunal Penal Internacional". Dado que el juez Baltasar Garzón, por una parte, y el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por otra, han considerado que los crímenes contra la humanidad de que se acusa a Pinochet gozan de jurisdicción universal y España es competente para juzgarlo, la posición de Aznar es un ataque sibilino al juez Garzón y al presidente de la Sala de lo Penal, Siro García, por pretender convertir a España en un tribunal penal internacional.La Sala de lo Penal señala en su auto del 5 de noviembre, sobre el procedimiento de genocidio, terrorismo, tortura y desapariciones en Chile, que el artículo 6 del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, anuncia un tribunal penal internacional e impone a los Estados participantes la obligación de que los genocidios sean obligatoriamente juzgados por los órganos judiciales del Estado en cuyo territorio se cometieron. Mas sería contrario al espíritu del convenio, tener el citado artículo 6 por norma limitativa del ejercicio de jurisdicción, excluyente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de noviembre de 1998