Censo y financiación autonómica: como el agua y el aceite

Estamos asistiendo en las últimas semanas, y especialmente los últimos días, a una virulenta polémica entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación (el primero en manos del PSOE; el segundo, ejercido por el PP), acerca de dos materias aparentemente muy conectadas entre sí, pero realmente inconfundibles en los términos en que aparece planteada la polémica, como son el reconocimiento del censo de población de Andalucía y el sistema de financiación autonómica. La Junta de Andalucía se queja de que no se tiene en cuenta el incremento del censo de población a efectos del dinero que espera recibir del Estado, y el Gobierno de la Nación lamenta que los andaluces hayamos dejado de percibir 72.000 millones de pesetas por el empecinamiento del PSOE en rechazar el sistema de financiación autonómica. Sin embargo, la polémica se nos antoja tan falta de contenido real y, sobre todo, tan huérfana de lealtad institucional, como sobrada de condicionamientos político-partidistas. En efecto, se trata de una polémica falsa en cuanto a su contenido, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque el Gobierno de la Nación (a través del Instituto Nacional de Estadística) hace ya varios años que reconoció la población real de Andalucía, incluidos los célebres 400.000 andaluces y, por tanto, no se entiende que la Junta de Andalucía falte a la verdad sistemáticamente al afirmar lo contrario. Y en segundo lugar y sobre todo, porque la Junta de Andalucía (el PSOE) trata de confundir a los andaluces, mezclando churras con merinas. Sabe perfectamente la Junta de Andalucía que no son comparables, como magnitudes que pueden constituir elementos de una negociación, el censo de población y el sistema de financiación, porque la aceptación del sistema de financiación depende sólo de la firma de Chaves, mientras que la aceptación del censo depende del acuerdo de las 17 comunidades autónoma; la determinación del dinero que deba recibir Andalucía en función del número de habitantes no puede ser objeto de una negociación bilateral entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, sino de una negociación global en la que tienen que entrar todas las comunidades autónomas, en la respectiva conferencia sectorial a celebrar en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera; porque el censo de población afecta a Andalucía, pero también a las 16 comunidades autónomas restantes. Y esto lo sabe perfectamente la Junta de Andalucía -y de ahí que su comportamiento en este tema esté siendo tremendamente desleal desde el punto de vista institucional-, como también sabe la Junta de Andalucía que en una futura revisión del a financiación en función del censo de población, las comunidades autónomas más beneficiadas serían la valenciana y la de las Islas Baleares, mientras que entre las más perjudicadas estarían Extremadura y Castilla la Mancha (estas últimas, gobernadas por el PSOE). No es difícil imaginar la gracia que puede hacer a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a José Bono la petición de Chaves, y de ahí el silencio de aquéllos. El hecho de que el PSOE se haya empeñado en plantear este tema en el foro equivocado (en el Congreso de los Diputados, en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado) no hace sino confirmar que su verdadera intención no es resolver el asunto del censo de población de Andalucía, sino sólo la de "armar jaleo": la bronca por la bronca. Es como si pretendiéramos mezclar agua y aceite: por más vueltas que le demos, por más que pretendamos forzar los argumentos, al final no conseguiremos mezclarlos. Es cierto que si se remueve con fuerza -como está haciendo la Junta de Andalucía con este tema- se conseguirá inicialmente la apariencia de que agua y aceite son una misma cosa, pero a nada que se deje reposar, las cosas volverán a su ser, y quedará patente, una vez más, que es imposible mezclar agua y aceite. Pero no acaba aquí la deslealtad institucional de la Junta de Andalucía (PSOE): dirigentes del PSOE como Zarrías o Amparo Rubiales han argumentado que Andalucía iba a perder 41.000 millones de pesetas por el asunto del censo, dinero que debería destinarse a Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etcétera; pero me parece un argumento tan falaz como demagógico: ¿pretenden acaso hacernos creer que todos los famosos 400.000 están en edad escolar, y por tanto deben computarse a efectos de recibir más dinero para Educación? ¿Pretenden acaso hacernos creer que los 400.000 son pensionistas y deben computarse a efectos sanitarios y de pensiones? ¡Pues mire usted, o una cosa o la otra, o todos escolares o todos pensionistas, pero las dos cosas al mismo tiempo, no! Con todo ello se llega sin esfuerzo a una conclusión: la Junta de Andalucía (el PSOE) sabe perfectamente que no tiene razón en plantear en términos de bronca y en el foro inadecuado (negociación bilateral Gobierno-Junta de Andalucía) el asunto del censo de población. Pero de algún modo tiene que esconder el fracaso político de Chaves y el perjuicio económico que para todos los andaluces significa dejar de percibir 72.000 millones de pesetas por haber rechazado el sistema de financiación autonómica, porque con 72.000 millones de pesetas se podría haber mejorado nuestra Educación, nuestra Sanidad, nuestras carreteras...

Manuel Seco Gordillo es diputado por el PP en el Congreso de los Diputados.