Los arquitectos y los ingenieros pactan enviar a Fomento una ley de edificación consensuada

El enfrentamiento entre arquitectos e ingenieros en defensa de sus competencias parece abocado al pacto. Representantes de ambos colectivos se reunieron ayer por primera vez. Acordaron dejar las cosas como están, pero definidas legalmente: que los arquitectos hagan las viviendas y los ingenieros lo puentes o autopistas. La ley de edificación, elaborada por el Gobierno, y origen del conflicto, tendrá una nueva redacción a cargo de estos profesionales, que esperan tener un texto consensuado el 1 de diciembre para remitirlo al Gobierno.

Los arquitectos (27.000 en toda España más 30.000 estudiantes) y los ingenieros (300.000 profesionales y 200.000 estudiantes) trabajarán en común los próximos 15 días para definir quién tendrá la competencia de realizar cada tipo de edificio, de quién será la responsabilidad de cada clase de proyecto cuando tengan que trabajar en equipo o cómo se pueden mejorar las garantías de los usuarios.Pretenden dar con un texto que no altere las competencias actuales de unos ni de otros. Los arquitectos consideran que el último presentado por el Gobierno en septiembre les perjudicaba, y los ingenieros, que lo hacía el penúltimo. Pero hasta ayer no se habían reunido para contrastar opiniones. Ahora trabajarán sobre el último borrador.

Los arquitectos se quejan de que no aparezca el concepto de "proyecto arquitectónico", porque consideran que eso abre a los ingenieros las competencias de edificar viviendas. Los ingenieros dicen, por el contrario, que el texto no les abre nuevas puertas, sino que evita que los arquitectos entren en su terreno.

"No se trata ahora de iniciar una negociación", matiza Jaime Duró, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y del Consejo de Europa de Arquitectos, "no hay nada que negociar porque las competencias de cada uno están claras, aparecen definidas en los perfiles profesionales de cada titulación. Lo que hay que hacer es definirlas claramente, identificarlas, ésa es la palabra clave".

Francisco Moledo, secretario general del Colegio de Ingenieros Industriales, es optimista: "La situación de partida es buena. Ahora hay que revisar los aspectos legales y detallar la función de cada uno, la que cumplimos en la actualidad".

Los principales temas a debate serán la definición de las competencias de cada profesional, el concepto de proyecto de edificación, las distribución de las responsabilidades en los equipos multidisciplinares (necesarios en los grandes proyectos y cada vez más frecuentes) y la revisión de las garantías de los usuarios.

El concepto de "proyecto de edificación" será presumiblemente uno de los puntos más polémicos. En su lugar, los arquitectos defienden la definición de "proyecto arquitectónico". Consideran que hay que entender este concepto en sentido amplio y que el proyecto arquitectónico hace referencia tanto a los de arquitectura como a los de ingeniería.

Los dos colectivos debatirán cómo recoger este concepto, pero especificando esta última aclaración. La idea aparece recogida en una directiva europea que señala que "la creación arquitectónica es de interés público". Jaime Duró recuerda la importancia de este aspecto: "Un proyecto arquitectónico es más que hacer un edificio, recoge el respeto al paisaje y al entorno, así como la incorporación de la cultura propia de cada país. Pero no es en absoluto exclusivo de los arquitectos".

Ingresos familiares

Proteger las garantías de los usuarios era inicialmente la principal finalidad de esta ley. Los profesionales hacen hincapié en la importancia de este fin y Duró lo justifica con un dato: "Un tercio de los ingresos familiares se dedican a vivienda en todos los países del mundo".El borrador señala cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en el proceso de edificación, aunque, según los profesionales, hay aspectos que se pueden mejorar. Uno de ellos, según explican arquitectos e ingenieros, es el encarecimiento que puede suponer para el usuario la contratación de determinados seguros, incluida en el texto como una obligación de los profesionales. La intención de éstos es buscar un punto de equilibrio y analizar hasta cuánto se puede pagar para que el precio no se dispare.

Otras cuestiones son el tiempo de vigencia de la responsabilidad de cada uno de los trabajadores de la edificación, que varía de uno a diez años, y la necesidad de especificar si el constructor de la obra debe quedar mejor identificado y tener una empresa con la suficiente capacidad técnica. El fin es garantizar la mayor calidad de la edificación, por pequeña que sea.