El Supremo portugués archiva los casos de corrupción durante el Gobierno de Cavaco

El Tribunal Supremo portugués ha confirmado una sentencia dictada en junio por medio de la cual serán archivados miles deprocesos abiertos antes de 1995, entre ellos los casos de corrupción más importantes de la etapa del Gobierno conservador de Aníbal Cavaco Silva (1985-1995). El defensor del pueblo, José Menéres Pimentel, reconoció ayer a EL PAÍS que la sentencia supone "una práctica amnistía de todos esos sumarios, un hecho extraordinariamente grave que plantea serios problemas de impunidad. La situación de la justicia es casi explosiva".

La decisión del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, confirma la próxima prescripción y el posterior archivo de todos aquellos casos, anteriores a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 1995, en los que los implicados no prestaron declaración ante un juez o no fueron juzgados por un tribunal en un plazo de 10 años.El Gobierno de Cavaco Silva aprobó en el último semestre de su mandato (marzo de 1995) una pequeña alteración de dicho Código, evidentemente sin carácter retroactivo, que permite la interrupción del plazo de prescripción si esas declaraciones se realizan ante un fiscal. Un simple cambio que aprobado con la debida antelación hubiera evitado el escándalo. Ahora, todos esos casos serán archivados, no de forma automática, pero sí a medida que se vayan revisando.

Entre esos miles de procesos se encuentran casi todos los casos de corrupción descubiertos durante la etapa Cavaco: los denominados viajes fantasma de los diputados de todos los signos, los desvíos de altísimas sumas de dinero del Fondo Social Europeo por parte de empresas (entre ellas las de Américo Amorim, una de las fortunas del país), el de las facturas falsas para evadir impuestos, o las supuestas responsabilidades políticas de la ex ministra conservadora de Salud Leonor Beleza en la administración de sangre contaminada con el virus del sida.

El Defensor del Pueblo, José Menéres Pimentel, dijo ayer a este periódico que "la investigación de todos estos megaprocesos, como han sido calificados, ha sido excesivamente lenta, lo que, unido a la legislación vigente, va a concluir en una práctica amnistía de todos ellos". A juicio de Menéres Pimentel, "el Gobierno ya no puede hacer nada, porque las medidas no pueden ser retroactivas. De todas formas, yo no veo que las reformas de la justicia se estén realizando con eficacia. La justicia es el problema número uno en Portugal, su situación es explosiva".

El Defensor del Pueblo sostiene que la justicia "es excepcionalmente lenta y muy garantista. Actualmente tenemos cuatro instancias jurisdiccionales, que deberían reducirse a dos en gran parte de los procesos". Precisamente, el fiscal general del Estado, Cunha Rodrigues, y algunas asociaciones judiciales reconocían recientemente que el exceso de garantías y los innumerables recursos que prevé la legislación facilitan las maniobras dilatorias de los abogados.

El propio Menéres Pimentel admite que el "desfase entre los hechos ocurridos y las condenas dictadas, en muchos casos criminales, provocan que algunos ciudadanos sean encarcelados cuando ya están reinsertados".

Por su parte, el Gobierno socialista de António Guterres y la oposición conservadora han expresado su "preocupación" por el escandaloso colapso del aparato judicial, pero sus iniciativas para solucionarlo aún están pendientes. El presidente de la Comisión Constitucional de Derechos, Libertades y Garantías, Alberto Martins, afirmó ayer que "la Asamblea de la República debe tomar medidas urgentes para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse".

El jurista y miembro del Fórum Justicia y Libertades, António Pinto Ribeiro, afirmó sentirse "indignado". "En este caso concreto, el Estado de derecho va a tener que vivir con una situación de quiebra concreta y podredumbre del sistema judicial y del aparato político. Hasta el punto de que nunca sabremos si esas personas practicaron o no esos delitos".

El jurista Paulino Brilhante Santos reconoció que "el Ministerio Público va a quedar en entredicho por no concluir sus investigaciones a tiempo; es evidente que hubo aquí, de forma nítida, una falta de celeridad en sus indagaciones".