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El Gobierno prepara una ley para regular un fichero genético de violadores y asesinos

El proyecto es más restrictivo y garantista que el de otros países de Europa

Una comisión del Ministerio del Interior está trabajando ya sobre la proposición no de ley aprobada en junio por el Congreso en la que se instaba al Gobierno a regular el uso de los análisis de ADN (material genético) en la investigación de paternidad y determinados delitos. María Bernarda Barrios, diputada del PP que promovió la iniciativa, es partidaria de que tales técnicas sean aplicadas en las investigaciones de los delitos sexuales y en los casos de implicados en asesinatos y delitos contra la personas. El proyecto es más restrictivo y garantista que el vigente en otros países.

La proposición cursada por Barrios, secretaria primera del Congreso de los Diputados, se basa en la decisión del Consejo de Europa del 10 de febrero de 1992 sobre el uso del análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) dentro de los condicionantes del Derecho Penal, en la que recomienda que los estados miembros adopten su legislación a los principios contenidos en la misma.Esta prueba, que tiene una fiabilidad del 99,9%, permite obtener a través de una muestra de sangre, semen, saliva o cabello, un perfil genético del individuo que permite distinguirlo y hacerlo diferente del resto de la población. La única excepción es el caso de los gemelos univitelinos, que tienen exactamente el mismo ADN.

El PP considera que el avance científico conseguido en este campo resulta de gran interés para "el esclarecimiento de la inocencia o la culpabilidad en múltiples delitos de violación, así como en las diversas causas de investigación de paternidad". Barrios afirma: "En causas criminales, la genética forense aporta valiosos elementos que enriquecen la base sobre la que el juzgador se debe pronunciar".

Consciente de que la introducción de estos nuevos métodos en la investigación criminal puede suscitar recelos sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, el PP advierte que su intención es "facilitar la obtención de pruebas lícitas, pero respetando los límites éticos y el derecho a la intimidad de las personas".

Debate parlamentario

El debate parlamentario que se celebró el pasado junio ya dejó traslucir los diferentes puntos de vista y matices de cada grupo político, en un anticipo de lo que puede ocurrir cuando el proyecto legislativo esté culminado y deba ser aprobado por el Congreso.El diputado Manuel Silva Sánchez, de CiU, lanzó una catarata de dudas y preguntas: "¿Puede establecerse la prueba del ADN con carácter obligatorio? ¿Puede incluso imponerse a través de la fuerza física ¿Constituye esto una vulneración del principio de derecho de que cualquier ciudadano puede no declarar contra sí mismo? ¿Puede imponerse también obligatoriamente la elaboración de bancos de datos de determinados tipos de autores de delitos, que suelen ser reincidentes, como por ejemplo los que atacan la libertar sexual?".

Silva entiende que la Ley Orgánica de Protección a la Intimidad y la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD) son "insuficientes" para controlar debidamente el procedimiento que se abre a través de los análisis de ADN.

Francisco Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Galego, reconoció que "conviene regular el uso de análisis de ADN" en la investigación criminal para acabar con la actual laguna legal. Resaltó que uno de los aspectos que debe aclararse es "en qué situaciones debidamente justificadas se concede una primacía probatoria a las pruebas genéticas, ya que en muchos casos es la única que puede existir para determinar quién fue el agresor". Rodríguez puso el ejemplo de casos de violación en los que no hay testigos ni una precisión clara por parte de la víctima, al ser ésta discapacitada o menor de edad.

Margarita Uría, diputada del PNV, recordó la sentencia 207/1996 del Constitucional para sostener que la prueba del ADN mediante la extracción de sangre puede atentar contra la intimidad y la integridad física. "Sólo podrá ser obligatoria la prueba a efectos penales cuando sea necesaria al fin pretendido, que no es sólo la investigación criminal, sino también que sea imprescindible para saber si ha existido delito y para saber también si una persona concreta es el delincuente", argumentó Uría. "Si no se buscan estos dos aspectos, dice el Constitucional que su uso será desproporcionado. No cabe, por tanto, su utilización para obtener meros indicios", agregó.

El socialista Pedro Jover Presa señaló que la prueba del ADN puede ser de gran utilidad en delitos como "el homicidio, las lesiones o los que van contra la libertad sexual".

La diputada popular María Bernarda Barrios, promotora de la proposición, es partidaria de que las pruebas de ADN se limiten a "todos los delitos sexuales y los delitos contra las personas", como asesinatos, homicidios o lesiones. Barrios considera "invendible" que esto se amplíe a los sospechosos de delitos violentos contra la propiedad (atracos y robos con fuerza), como desearía la policía.

¿Pero podría un sospechoso negarse a ser sometido a esta prueba genética? "Yo creo que debe ser obligatoria, aunque siempre debería ser mediante una resolución judicial", afirma Barrios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de noviembre de 1998