Reportaje:

Atrincherados entre botellas

Cincuenta punkis llevan casi un mes encerrados en un bar de Getafe para evitar su cierre

José, de 30 años, vive desde hace 28 días en su garito punki La Sota de Potas, en Getafe. Una pugna con el Ayuntamiento, por ruidos, desórdenes y precintos, lo ha llevado a amotinarse en su bar de copas junto a una tropa de entre 40 y 50 amigos, que se triplica los fines de semana. Durante el día salen por turnos a airearse y a comprar algo de comida y por la noche convierten el local en una suerte de barracón, durmiendo arracimados en colchones. La habitual barra pervive, pero ya no hay camareros ni se sirven bebidas. "Ésta es ahora mi casa [paga 125.000 pesetas de alquiler], no se vende nada y por eso no estoy incumpliendo ninguna norma", comenta. José reconoce, sin embargo, que en su refugio hay un trasiego constante de calimocho y cerveza, pero en régimen de autoservicio "y con pago a escote".

Las protestas de algunos vecinos por ruidos inaguantables, horarios trasnochadores y desórdenes varios precipitaron una orden municipal de cierre sobre La Sota de Potas a finales de septiembre. Dos técnicos del Ayuntamiento getafense precintaron la entrada del garito. "Ocurrió el día 24, y como fue en plan pacífico, lo respetamos", recuerda el propietario del bar. Les concedieron un mes más de actividad para "hacer unas pelas" y buscar otro lugar, a condición de que echaran la cancela a medianoche. Pero la tensa armonía duró poco: el 4 de octubre, el Consistorio les abrió un nuevo expediente alegando que seguían sirviendo copas más tarde de la una de la madrugada. "Era mentira y tengo 50 testigos que lo avalan, pero se inventaron una razón para echarnos", sentencia con rabia.

Las consecuencias, en forma de precinto, las sufrió el 9 de octubre. Dos días más tarde, José hizo jirones el plástico policial y se atrincheró en La Sota. Desde entonces, sólo permite la entrada "a los amigos" y se comunica con el resto del mundo a través de la reja antirrobo del local. Se queja de que lo atenazan los números rojos porque paga un alquiler y no puede ejercer actividad comercial. "Menos mal que mi mujer trabaja, porque tenemos un crío de dos años al que alimentar", apunta. Ahora aguardan impacientes, "pero sin miedo", el previsible desalojo: "Les tenemos preparada una sorpresa", avisan.

Las medidas municipales ya se han agotado y sólo cabe esperar a la decisión del titular del Juzgado número 4, que lleva el caso, según la policía. "Lo máximo que podemos hacer es levantar acta de las denuncias vecinales", explica el jefe de la policía local, Gabriel López. "Al no permitirnos entrar en el local para hacer mediciones de ruido, enviamos el trámite a la Comunidad para que actúe en consecuencia", añade. Las sanciones previstas para estos casos van de los cinco a los 50 millones. Mientras se precipita el desenlace, los amotinados entretienen la espera a base de música punki, futbolín y cerveza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 07 de noviembre de 1998.

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