Cartas cruzadas

El mensaje del Gobierno a ETA, anunciando su disposición a entablar diálogo directo con los representantes del MLNV (sic), se ha cruzado con el de ETA a los partidos nacionalistas para recordarles que la tregua no es definitiva. Algo ha debido fallar para que el Gobierno se adelante a reconocer como movimiento de liberación a lo que hasta ayer era una banda, que en su último comunicado no deja de lanzar múltiples advertencias. Tal vez sea inevitable en un proceso que casi por definición exige muchos sobreentendidos, pero da la impresión de que el diálogo ha comenzado en términos de adónde vas, manzanas traigo.Si nos atenemos al precedente irlandés, lo importante no es lo que digan los comunicados de los grupos terroristas, sino lo que hagan (o dejen de hacer). Pero eso no significa que haya que pasar por alto cualquier cosa que digan. Parte del secreto del éxito del proceso es que quienes estaban acostumbrados a un discurso sin réplica posible -el de la muerte- aprendan que la democracia es algo diferente a la aceptación por parte de los demás del propio punto de vista, por muy indiscutible que a ellos les parezca.

Ya el comunicado del 17 de septiembre, en el que se anunciaba la tregua, era un monumento a esa lógica. Su argumentación venía a sostener que ETA había conseguido forzar a los partidos nacionalistas a abandonar su propio punto de vista y asumir el correcto: el estatuto está agotado, la integración de Navarra (y el País Vasco francés) no es una cuestión opinable, no habrá libertad sin autodeterminación, etcétera. El abandono definitivo de las armas quedaba condicionado a que los nacionalistas fueran consecuentes y no volvieran a las andadas. En lo inmediato, les exigía la ruptura de cualquier relación con los partidos españoles, entendiendo por tales a los que no se pliegan a las exigencias de la construcción nacional tal como la interpreta ETA.

A su mensaje inicial añade ahora el argumento de que las elecciones han consagrado la mayoría de quienes defienden estas posiciones expresadas en el pacto de Estella, pese a que han "podido votar guardias civiles, policías y militares" y a que las elecciones se han celebrado "bajo la amenaza y el control" de esos cuerpos y de las "fuerzas armadas zipayas". Ahí está el punto de partida de ETA para el diálogo: no se trata de hablar de presos, sino de un nuevo marco político.

El Gobierno sostiene, por su parte, que antes de cualquier movimiento debe quedar claro que el abandono de la violencia es definitivo. Entonces podrán entrar en juego las previsiones del Pacto de Ajuria Enea sobre medidas de reinserción social de los presos. Y sólo tras la culminación del proceso de paz podrá eventualmente discutirse de asuntos políticos, siempre por cauces institucionales.

Llegados a este punto es urgente conocer cuál es la posición de los partidos firmantes del acuerdo de Lizarra: si piensan que sus votantes han respaldado la interpretación que hace ETA de la situación actual y de los resultados electorales; en particular, si consideran que el Estatuto de Gernika sigue teniendo vigencia o ha sido superado, y si se atienen a los principios del Pacto de Ajuria Enea.

En los últimos meses, los nacionalistas reprochaban a las demás fuerzas de ese foro democrático su pasividad en la búsqueda de vías de acercamiento al mundo radical que permitieran una salida dialogada. Es inútil seguir discutiendo de ello una vez que la propia ETA ha declarado una tregua indefinida. La cuestión es ahora si existe acuerdo sobre el contenido esencial del pacto: la negativa a que alguien pueda sacar ventajas políticas de la violencia. Si existe, deberán ser los partidos vascos, firmantes o no de Lizarra, los que respondan a ETA que no es el estatuto ni la Constitución, sino el pluralismo de la sociedad vasca, lo que obstaculiza la realización de su ideal independentista.

Aceptar la vía política significa reconocer que otros ciudadanos tienen diferentes ideales y que no es democrático intentar cambiárselos a tiros, o con la amenaza de reanudarlos.