Una clase política desgarrada por "razones de Estado"

"¿Cuántos años estuvo exiliado usted? ¿Cuántos hijos se le murieron en el exilio, señor? ¿Cuántos días le dieron para venir a ver a su padre muriéndose en su cama? ¿Cuántos amigos le mataron en la caravana de la muerte? ¿Usted me viene a mí a dar lecciones de moral, señor, qué se ha creído?". José Miguel Insulza, ministro de Exteriores de Chile, ametralló con esta serie de preguntas a un periodista alemán en una reciente conferencia de prensa en Santiago a propósito de las gestiones gubernamentales para lograr la libertad de Augusto Pinochet. El corresponsal había preguntado sobre un hipotético acuerdo para lograr el regreso del ex dictador a Chile.El exabrupto del canciller ante la prensa internacional es un ejemplo del nerviosismo que reina en la clase política de este país tras la detención del más intocable de los chilenos. Y es, también, una muestra de la dolorosa contradicción en la que viven algunos dirigentes que fueron represaliados por la dictadura de Pinochet, y que hoy, "por razones de Estado", tratan de evitar que el octogenario general caiga en manos de la justicia española. El eufemismo "razones de Estado" significa en Chile las limitaciones democráticas de la peculiar transición: un Gobierno entre democristianos y socialistas frente a una derecha autoritaria en la oposición, pero con poder de veto, con una Constitución diseñada a gusto del dictador y con la figura omnipresente de Pinochet hoy devenido en senador vitalicio.

José Miguel Insulza, militante del Partido Socialista (PS), pasó 14 años exiliado. No siente la más mínima simpatía por quien está detenido en Londres, pero como jefe de la diplomacia chilena le ha tocado defender la inmunidad diplomática de Pinochet otorgada por el Gobierno. En ocasiones lo ha hecho con razonamientos que no han gustado a sus compañeros de partido.

Por ejemplo, declaró que muchos dirigentes europeos que participaron en los movimientos de repudio al Gobierno militar chileno "se han quedado pegados en el pasado" y hoy promueven situaciones como la detención de Pinochet que entorpecen la evolución del proceso de normalización democrática en Chile. En otra ocasión afirmó que la acción de los jueces españoles y británicos ponía en peligro la transición. "Nosotros consideramos que lo que ponía en peligro la transición era, precisamente, que de modo prolongado Pinochet mantuviese la capacidad de imponer la ausencia de justicia respecto a las responsabilidades que le caben en los crímenes cometidos en Chile durante su régimen", le respondió desde el PS el miembro de la comisión política Gonzalo Martner.

En La Moneda, sede de la presidencia, no gustó la frase pronunciada tres días después de la detención de Pinochet: "Yo defiendo al senador, no al ex dictador". La prolongación en Londres de las gestiones del canciller se llama Mario Artaza, de 61 años, embajador de Chile, militante socialista que también sufrió los embates del régimen militar: 17 años de exilio, expulsado de la carrera diplomática y vetado para trabajar en organismos internacionales durante ese tiempo. Intentar exonerar a Pinochet ha sido, probablemente, la misión que le ha comportado mayores dolores de cabeza. Ha tenido que tragar sapos y culebras a la hora de maniobrar a favor del ex dictador junto a los senadores pinochetistas desplazados a la capital británica. Una hija del embajador que reside en EEUU envió una carta a The Washington Post de repudio a la actuación del Gobierno chileno y de su padre.

"Dejamos muy claro, desde el comienzo, que no estábamos defendiendo las violaciones de derechos humanos del general Pinochet, sino nuestra institucionalidad. Lo aceptamos como senador institucional, y eso nos obliga a hacer valer sus privilegios y derechos como senador. Y como ex jefe de Estado, porque así lo reconocimos", ha declarado el embajador Artaza. Otro socialista, Jaime Tohá, es el actual ministro de Obras Públicas. Su hermano José fue ministro del Interior en el Gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe estuvo preso en el penal de Dawson y murió en circunstancias sospechosas en el hospital militar de Santiago. Jaime Tohá fue detenido, torturado y exiliado por el régimen militar. El jueves de la semana pasada, en una tensa reunión del Gabinete en la que algunos ministros represaliados por la dictadura reclamaban mayor firmeza en los derechos humanos, Tohá lanzó un capote a Frei. "Yo fui torturado, pero igual quiero que saquen a ese caballero de allá. Que tenga el buen trato que merece todo chileno", dijo.

Andrés Zaldívar, presidente del Senado y precandidato a la presidencia de la República para las próximas elecciones, ha defendido reiteradamente la inmunidad de Pinochet, niega la competencia de cualquier jurisdicción extranjera para procesar al ex dictador, y ha llegado a decir que por la democracia está dispuesto a pagar cualquier precio, incluido que Pinochet no sea entregado ni juzgado jamás. En octubre de 1980, cuando presidía el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Zaldívar se encontraba en el extranjero, y el ministro del Interior de la época, Sergio Fernández, hoy senador electo, le prohibió regresar a Chile por unas supuestas declaraciones contra el régimen. Pasó varios años exiliado en España. Dieciocho años después, Andrés Zaldívar señala lo que le separa del dictador: "Pinochet me echó del país, y ahora, como senador, tiene que pedirme la palabra si quiere hablar en la Cámara".