Delitos sin fronteras

LA CONFIRMACIÓN por parte de la Audiencia Nacional de la competencia de España para juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur -y, de momento, para investigar las responsabilidades de Pinochet por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo- supone un paso importante hacia el surgimiento de un derecho internacional sin fronteras en la persecución de los crímenes contra la humanidad; el principio del fin de la impunidad de los tiranos.El parecer unánime de la Sala de lo Penal, no recurrible, se produce dos días después de que el Tribunal Superior de Londres anulara las órdenes de detención contra Pinochet dictadas por el juez Garzón y el mismo día en que un juez británico le concedía una libertad vigilada en la clínica en la que está internado. La magistratura británica concluyó que la ley de ese país garantiza inmunidad a los jefes de Estado por acciones realizadas en el ejercicio de su cargo. Es muy probable, por tanto, que el anciano dictador chileno, cuya libertad sólo está condicionada a un recurso ante la Cámara de los Lores, pueda regresar a su país, pese a la náusea que pueda producir que el asesinato, la tortura o la desaparición a gran escala tengan consideración de facultades inherentes al ejercicio del poder.

Pero la decisión de la Audiencia Nacional deja en lamentable entredicho el empecinamiento con que el fiscal general del Estado y su subordinado Fungairiño se opusieron a la investigación por entender que no cabía hablar de genocidio ni terrorismo. La resolución de la Audiencia da cuerpo a una corriente imparable para que los tiranos de toda laya puedan ser sometidos a juicio con independencia de los pactos de impunidad a que puedan haber llegado en sus propias fronteras. Es posible que en determinados procesos de transición política los ciudadanos se vean obligados a pactar con sus verdugos, ofreciéndoles seguridad a cambio de su salida del poder, pero deben saber que tales compromisos no obligan a otros tribunales. Pinochet, un dictador sin remordimientos, se equivoca al suponer que la autoamnistía que se concedió le blinda frente al mundo civilizado.

La mayoría de los tratados o convenciones sobre derechos humanos son vagos o declamatorios. Se ha producido así una zona difusa en la ley internacional que permite que diferentes sistemas legales hagan interpretaciones diferentes de las mismas normas. Si algo muestra el caso Pinochet es la urgencia de un tribunal penal con jurisdicción internacional para los crímenes contra la humanidad, en la línea de lo acordado en Roma el pasado julio, que espera la ratificación de 60 países y al que se opone Estados Unidos. La supuesta impunidad vitalicia de un tirano no se sostiene en un mundo globalizado. Mientras no se alcance ese objetivo, el acoso internacional al dictador chileno es un modesto avance hacia un mundo menos injusto.