La UE arranca a China un acuerdo para revisar casos de presos políticos

Una misión diplomática de alto nivel, encabezada por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, arrancó ayer al Gobierno comunista de Pekín un compromiso de emprender nuevos pasos liberalizadores en la senda del respeto a los derechos humanos. El ministro chino de Exteriores, Tang Jiaxuan, prometió estudiar la revisión de los procesos a los prisioneros políticos por "delitos contrarrevolucionarios", una figura ya abrogada en el Código Penal.

Santer, acompañado de los comisarios Leon Brittan (responsable de Comercio) e Yves-Thibault de Silguy (Asuntos Monetarios), inició ayer una visita a China -la primera en 12 años- con cuatro objetivos: mejorar la situación de los derechos humanos, exportar el euro, apoyar el proceso de reformas emprendido en este país y acelerar el proceso de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hoy mismo planteará estos asuntos al presidente, Jiang Zemin, y al primer ministro, Zhu Rongji.La gira forma parte de una vuelta de tuerca a la presión diplomática y económica occidental iniciada con la visita del presidente norteamericano, Bill Clinton, el pasado junio. La iniciativa de Clinton ha sido continuada por los primeros ministros irlandés, Bettie Ahern; británico, Tony Blair; francés, Lionel Jospin; y finlandés, Paavo Lipponen. Todas ellas vienen marcadas por el doble designio del apoyo a la liberalización económica y el impulso a la democratización del régimen.

Poco después, el Gobierno de Pekín dio un paso de alcance más general. Abolió la figura del "delito contrarrevolucionario", incluido en su Código Penal. Pero la medida carecía de efectos retroactivos. Es decir, no se ha aplicado a los detenidos políticos que sufren prisión. "No sabemos siquiera cuántos son", indicó a este diario un diplomático europeo, "pero pueden sumar varios miles". En realidad, también el Gobierno ignora datos fundamentales, como el número de condenados a muerte anualmente, pues el país carece de un sistema judicial centralizado.

Pues bien, el ministro de Exteriores, Tang Jiaxuan, se comprometió ayer ante el comisario Leon Brittan a "estudiar y discutir bilateralmente estos casos" con vistas a su revisión. Este compromiso había sido perseguido por Washington. La Unión Europea (UE), menos espectacular aunque más hacendosa que EEUU, ha establecido con Pekín un foro de "diálogo" permanente sobre derechos humanos, que además subvenciona distintas iniciativas para impulsar la transición de China hacia un Estado de derecho. "Sí, es un nuevo enfoque, es un nuevo paso", manifestó Jiaxuan a Brittan, negando que su declaración sobre la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal se limite a un planteamiento puramente retórico.

La delegación europea firmó con el Gobierno chino un programa de cooperación jurídica -que financiará con diez millones de ecus, 1.670 millones de pesetas- para que abogados, fiscales y altos funcionarios chinos se formen en la UE.

Santer y Brittan también urgieron a Pekín a que ratifique cuanto antes la firma de los convenios sobre derechos humanos de la ONU. Y -sin respuesta clara, lo negativo de esta jornada- protestaron por la muerte, el pasado mayo, de unas monjas en Tíbet, tras la revuelta en la prisión de Drapchi.