El juez abre diligencias a Farnós por difundir el informe de la hepatitis C

La divulgación de los datos del informe epidemiológico sobre el brote de hepatitis C le costará al consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, una investigación judicial por un supuesto delito de revelación de secretos. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, José Manuel Ortega, quien ha abierto diligencias contra la consejería por difundir el pasado lunes los resultados del informe y las va a remitir al decanato de los juzgados para que otro juez investigue si hubo delito en esa divulgación.

El juez José Manuel Ortega tenía previsto remitir las diligencias contra Sanidad al decanato para su reparto al juzgado correspondiente en la jornada de ayer o en la de hoy, según informó Europa Press. El informe de los expertos sobre el contagio masivo de hepatitis C en el hospital La Fe y la Casa de Salud, fue encargado por la propia consejería, y concluye que el anestesista Juan Maeso, único imputado del caso, contagió el virus a 171 pacientes de los dos centros sanitarios. La publicación de las principales conclusiones de este informe por parte de EL PAÍS el pasado 17 de octubre antes de que fuera remitido al juzgado ya motivó una advertencia por parte del juez José Manuel Ortega. El juez envió un escrito a la consejería en el que subrayó que la "revelación a la prensa" de dicho informe podía constituir "un delito de violación de secretos", y exigió que Farnós remitiera el estudio de los expertos al juzgado de guardia. La Consejería de Sanidad aseguró primero que el informe epidemiológico no estaba terminado y lo envió finalmente al juez el pasado lunes, el mismo día en que el consejero Farnós dio una conferencia de prensa en la que facilitó los datos del estudio y sus conclusiones. Un juzgado distinto al que investiga el brote decidirá a partir de ahora si Farnós pudo cometer un delito de revelación de secretos, castigado con penas de multa de entre seis y 12 meses e inhabilitación para ocupar un cargo público por un periodo de entre uno y tres años. El juez José Manuel Ortega, que también investiga la revelación de datos a la prensa, ya abrió un expediente a la letrada de Maeso, Pilar Beltrán, por unas declaraciones públicas sobre el caso.