El Poder Judicial acusa al Gobierno de no tener prisa en reformar la justicia

La Comisión de Seguimiento del Libro Blanco de la Justicia, aprobado hace un año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informó ayer sobre el grado de cumplimiento del mismo tanto por su parte como por el Legislativo y el Ejecutivo. El presidente de la comisión y vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, lamentó el retraso del Gobierno en el ejercicio de sus competencias para reformar la Justicia. "Podría darse más prisa", afirmó. López Guerra se reunió con los informadores junto a los vocales de la comisión de seguimiento Ramón Sáez y Damián Álvarez. Entre otras carencias, los consejeros echaron en falta la iniciativa gubernamental para la reforma procesal penal reclamada por el Libro Blanco, la no exigencia de nuevos requisitos para el acceso a la abogacía y la pasividad del Ejecutivo respecto a la propuesta del CGPJ de asumir competencias sobre los secretarios judiciales, a fin de atribuirles la gestión de la oficina judicial, además de sus cometidos procesales.

Los miembros de la comisión vincularon la conveniencia de que los secretarios judiciales dependan del CGPJ a la necesidad de coordinación estatal de la oficina judicial, ya que su dependencia del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas impide dicha coordinación.

Los trabajos del CGPJ para cumplir el Libro Blanco han permitido constatar la necesidad de 800 nuevas plazas judiciales hasta el año 2002, de las que están en trámite de creación más de 500.

Divorcio en una semana

Entre los planes piloto para erradicar la lentitud de la justicia, el CGPJ ha puesto en marcha en Vitoria la tramitación de demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo en una semana.

El Consejo ha propuesto la creación de servicios comunes de ejecuciones y notificaciones, así como oficinas de información, quejas y reclamaciones en cada uno de los tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y decanatos. Está previsto remitir los escritos de los ciudadanos al servicio de Inspección, concebido, según explicó Sáez, "como palanca de la reforma y la gestión, distante de la mera hipótesis disciplinaria". También se proyecta la potenciación del aparato estadístico y la informatización inmediata de los juzgados.

La comisión de seguimiento ha diseñado un módulo de trabajo judicial que ha calculado en 1.650 horas anuales, por encima del cual debe crearse otro órgano judicial. Damián explicó que en los juzgados de primera instancia e instrucción, al titular que pase de ese tope, "debe compensársele a final de año, en lugar de crear otro juzgado, si no hay asuntos suficientes para ello".

Tras el aumento retributivo en el Supremo y el CGPJ, la elevación de sueldos del resto de los jueces se plantea mediante un compromiso con la modernización, por lo que se primará la productividad. En todo caso, las subidas propuestas giran en torno al 57%.