El 'caso Aznalcóllar' costará 40.000 millones y durará como el de Tous

La retirada de los lodos vertidos por la rotura de la balsa en Aznalcóllar se da por concluida. El Guadiamar apenas arrastrará residuos cuando las lluvias conviertan su liviano caudal en un flujo de más de 1.000 metros cúbicos por segundo. "Siempre quedará algo, como la porquería que recoge un algodón en un baño recién fregado", dice un técnico. Ahora la atención se centra en el largo proceso judicial para reclamar los 40.000 millones de pérdidas.

El caso Aznalcóllar inicia un recorrido judicial cuyo final se vislumbra más allá de una década, según un abogado de las partes damnificadas: "Esto puede ser tan largo como la rotura del embalse de Tous en Valencia o el envenenamiento por la colza; diez años, quince... cualquiera sabe cuánto puede durar". En favor de esta tesis abunda la acumulación de colectivos que se van personando en la causa; organizaciones ecologistas, ayuntamientos... "Algunos lo hacen para ganar imagen, otros para no dar la sensación ante sus electores o la opinión pública de que muestran escaso interés, cuando no se dan cuenta que con estas personaciones lo que hacen es complicar la instrucción y dilatarla. Hay muchos precedentes. Sin ir más lejos en el caso de Tous un fallo procesal de comunicación obligó a reiniciar el caso después de dictada la sentencia. Es muy fácil que entre tantas partes implicadas se olvide enviar una citación o se pierda. Y si ocurre hay que rehacer todo el procedimiento".

"Levantar el velo"

No menos incierta se presenta la asunción de responsabilidades a la hora de resarcir las indemnizaciones que podrían acercarse a los 40.000 millones si se suman la limpieza de los vertidos, la restauración del cauce del Guadiamar, indemnizaciones a los agricultores afectados, expropiaciones, la habilitación de un corredor verde y las propias pérdidas de Boliden por el cese de negocio durante el paro de la mina. "En casos como éste, donde la responsabilidad civil y su legislación aparece difusa - no hay testigos pero sí 21 imputados- la justicia tiende a culpar a un funcionario porque detrás está el Estado, único garante de hacer efectivas las cuantiosas indemnizaciones que dictan los tribunales", asegura un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

A este departamento ha llegado recientemente un especialista en el levantamiento del velo, una técnica jurídica desarrollada al hilo de las llamadas ingenierías financieras, cuyos máximos adalides en España son Mario Conde o Javier de la Rosa. Mientras estos ingenieros se dedican a montar sociedades instrumentales para evadir al fisco, los especialistas en levantamiento de velo se dedican a destapar vínculos de esas sociedades fantasmas, casi siempre insolventes, hasta dar con la matriz que posee los activos para hincarle el diente fiscal.

Fuentes jurídicas próximas al caso creen que esta tarea llevará tiempo en el caso de Boliden. Nada más producirse el desastre de la balsa, la página web en internet de esta sociedad sueco-canadiense estaba plagada de información sobre la empresa matriz y la filial que explota la mina de Aznalcóllar. La mayor parte de esos datos han desaparecido.

Según las mismas fuentes, si la filial española no dispone de patrimonio para hacer frente a las indemnizaciones, los damnificados tendrán que pedir asesoramiento a la embajada en Canadá o buscar el concurso de un despacho local para documentar los vínculos de Boliden-Apirsa con su matriz. Nada más producirse la catástrofe, las acciones de Boliden cayeron en picado en la bolsa de Toronto y, desde que ocurrió el percance, las auditorías han obligado a la sociedad a provisionar 6.000 millones de pesetas para afrontar posibles indemnizaciones. "Las incidencias de la cotización demuestran que el mercado ha percibido ese vínculo. Negarlo se consideraría un abuso del derecho con ánimo de defraudar o eludir responsabilidades", dice un abogado del Estado.