Ahora sí puede abordarse

La desaparición del terrorismo permite debatir razonablemente sobre la suficiencia del marco jurídico establecido en la transición.Quiero señalar de entrada y sin ningún velo que me parece natural y lógico que la cuestión del modo de inserción y desarrollo del País Vasco en el Estado español y en la Unión Europea se actualice en un contexto como el que ahora mismo vive Euskadi, caracterizado por la confluencia, entre otros, de los dos siguientes factores: la necesidad, por un lado, de afrontar un proceso que conduzca a su pacificación y, de otra parte, el próximo veinte aniversario de la Constitución y el Estatuto, período que ya invita a cierta evaluación. Por mucho que se quiera separar el problema de la pacificación y el debate sobre esa cuestión, me parece evidente que ambas están vinculadas para una gran parte de los ciudadanos de este país y claramente relacionadas con la pervivencia del fenómeno terrorista. Por otra parte me parece que concurren ahora dos condiciones básicas que permiten considerar ese debate como abordable. No existe riesgo de involución protagonizada por gentes de armas y, en segundo término, se produce una apuesta seria por la participación política de los sectores que han venido dando cobertura social a la práctica de la violencia. Lamentablemente, esas condiciones no se dieron en la transición. Todos podemos recordar el recrudecimiento de la actividad terrorista tras la amnistía de 1.977, pero también el 23 F y las circunstancias de la dimisión del presidente Suárez. Además de esas condiciones básicas, concurren también ahora una serie de circunstancias de muy importante significado. Llevamos ya más de una década de experiencia comunitaria europea, en la que hemos asistido a varias importantes modificaciones de la propia Constitución de la UE, de transcendentales consecuencias para nuestra vida económica y social. Se ha decidido incluso que vamos a compartir una moneda única con nuestros socios europeos y todo ello con el fundamento jurídico único de la cláusula de apertura del artículo 96 de la Constitución. Y, sin embargo, nadie ha invocado con cierta energía la soberanía del pueblo español ante semejantes cambios constitucionales, resueltos sin embargo en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno europeos. Pero aún hay más datos que contribuyen a pensar que somos una sociedad bastante moderna, capaz de asimilar con normalidad el debate y aun los cambios en cuestiones importantes. A lo largo de estos últimos años hemos asistido al cambio radical de condicionantes básicos de la convivencia política en Europa y en el mundo, como el derrumbe del telón de acero, la aparición en escena de muchos nuevos países o la unificación alemana. Y no todas esas experiencias han resultado tan traumáticas, ni mucho menos. En fin, hemos podido ver también cómo el conflicto más próximo y parecido al nuestro, el de Irlanda del Norte, entraba en vías de solución mediante el diálogo y el acuerdo de las partes. Pues bien, si aquellas condiciones esenciales se dan efectivamente y sacamos de tan trascendentales experiencias de nuestro entorno alguna capacidad de relativización, ¿por qué no hemos de ser capaces de abordar civilizadamente nuestra cuestión? El cese de la violencia ya permite pensar que la realidad socio-política española y vasca se desenvuelve en el terreno de unos mínimos principios democráticos compartidos. Si quitamos el terrorismo, se hace difícil vislumbrar con verosimilitud la hipótesis de una grave quiebra social. En consecuencia, me parece totalmente fuera de lugar que nuestra cuestión se debata en términos de demócratas o no demócratas. Sin violencia, sin tiros o amenazas que condicionen la convivencia política, se presupone el respeto a las libertades fundamentales de todos. Y por lo tanto, de lo que se disiente es sobre cuál deba ser la sede y el ámbito de ciertas decisiones; en definitiva, se trata de determinar si ciertas decisiones que afectan al País Vasco deben ser adoptadas entre todos los ciudadanos vascos o entre todos los españoles. Lógicamente tal discusión es capaz de reabrir el debate sobre ciertos pasajes de la Constitución y del Estatuto y sobre su desarrollo. Pero se trata de un problema de estricta oportunidad política. Por mi parte, he de decir que no veo desde la transición una oportunidad más adecuada. La Constitución española de 1.978 ha presidido un amplio período de convivencia democrática. Ha posibilitado la integración del Estado español en el proceso de construcción de una nueva estructura económica y política europea, con la consiguiente y trascendental modernización social y ha permitido la construcción de estructuras regionales diferenciadas y específicas, dotadas de importantes poderes de autogobierno y administración de sus intereses. Vaya por delante ese reconocimiento a una aportación decisiva de los que los vascos hemos resultado también beneficiarios. Pero no cabe negar que esa Constitución nació con un déficit de apoyo y legitimación social en el País Vasco, justamente porque en su proceso de elaboración no supo darse una respuesta suficientemente compartida: marginación del nacionalismo moderado en la ponencia que redactó el texto; insuficiencia de la cláusula foral finalmente consignada; su no refrendo positivo por parte de la mayoría de los ciudadanos vascos. El Estatuto de Autonomía, su especificidad y carácter paccionado parecían ofrecer la ocasión para recuperar para el consenso sobre las reglas de juego al nacionalismo moderado. Y lo hizo en la medida en que resultaba posible, supuesto lo anterior. Contraponer el Estatuto al nacionalismo moderado, como estos días parece querer hacerse, me parece simplemente una estupidez sólo explicable en función del tono excepcionalmente tenso de esta campaña electoral. Baste recordar que su primer artículo comienza diciendo que es "el Pueblo vasco o Euskalherria" quien "se constituye en Comunidad Autónoma" como expresión de su nacionalidad y medio de acceso al autogobierno. Y su disposición final cierra el texto dejando constancia de que "la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder". ¿Se imagina alguien que tan significativos pasajes pudieron haber figurado en el Estatuto sin la contribución nacionalista? Pero no es sólo eso. La experiencia estatutaria acredita que han sido los nacionalistas quienes han debido luchar y comprometer sus energías en cada ocasión en que debía discutirse una transferencia o el carácter invasivo de nuestras competencias de una disposición de Las Cortes, en tanto que los representantes vascos de partidos de ámbito estatal, salvo honrosas excepciones, confiaban en la lectura de la Administración central y se adherían a sus posiciones. Sucede que, cuando afrontamos ya el vigésimo aniversario del Estatuto, encontramos que hay muy importantes ámbitos de competencia previstos en él que todavía no han sido siquiera abordados; que cada negociación de una transferencia ha sido convertida en una transacción política costosa y que una legislación básica estatal, elaborada y aprobada de manera motorizada en varias legislaturas de mayorías absolutas, han afectado a la solidez y credibilidad de aquel pacto. Añádase la pertinaz decisión política, apoyada desde Madrid, de alejar y contraponer a Navarra de la comunidad autónoma del País Vasco o de hacer inviables las aspiraciones de integración de los vecinos de Treviño y Trucíos y se comprenderá el cansancio y la desconfianza suscitada frente a lo que debía ser el leal cumplimiento de un pacto solemne del máximo rango. El nacionalismo no puede negar que el Estatuto, la importante realidad institucional cuya construcción ha posibilitado, es un producto propio, también compartido con otros muchos. Pero es perfectamente razonable que reclame una evaluación y la revisión que resulte consecuente de este marco jurídico y político. Si repasamos la disposición final antes citada, podrá aceptarse que se trata incluso de una actitud congruente incluso con el propio texto del Estatuto.

José Luis Aurtenetxe Goiriena es director de Régimen Juridico del Departamento de Interior del Gobierno vasco.