El fiscal general del Estado asegura que antes de pedir la extradición hay que saber si España es competente

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, señaló ayer en A Coruña que la acusación de genocidio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, formulada por Baltasar Garzón, deberá ser analizada (por la Sala de lo Penal de la Audiencia) para conocer si esa figura se puede aplicar en este caso, en qué jurisdicción está recogida y si los tribunales españoles tienen competencias, según informa Europa Press. En el caso de que la legislación española sea competente, Cardenal apuntó que, dada la condición de senador vitalicio de Pinochet, correspondería al Tribunal Supremo dirimir sobre el proceso. Esta interpretación choca con la esencia misma del delito de genocidio, para el que no hay inmunidad, aseguran fuentes jurídicas.

Cardenal negó que la institución que dirige vaya a demorar de forma intencionada el proceso de extradición. Preguntado si apoya al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en su rechazo a que se juzgue en España a Pinochet, dijo: "Ni apoyo ni dejo de apoyar, el planteamiento que se hace ahora es nuevo y por eso está en estudio".

En cuanto a la petición de la Unión Progresista de Fiscales de que se aparte a Fungairiño del proceso y sea sustituido por un fiscal especial, Cardenal indicó que se estudiará para determinar si hay "razón legal suficiente".

Cardenal, que en el pasado apoyó un escrito atribuido a Fungairiño en el que calificaba los golpes de Estado de Chile y Argentina como "interrupciones temporales del orden constitucional" en aras de la paz interior, se atrevió esta vez a calificar los delitos cometidos como "crímenes bárbaros y horrendos".

A pesar de esa opinión, Cardenal considera que la detención del ex general, realizada por Scotland Yard a petición de Garzón, "no es procedente, de acuerdo con nuestra tesis, y por ello hemos presentado recurso".

Por otra parte, Nicolás Monckeberg, estrecho colaborador de Sebastián Piñera, candidato presidencial del pinochetista Partido de Renovación, aseguró a Radio Agricultura que el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, le había garantizado en una reunión celebrada en Madrid que todo el procedimiento que se sigue en España contra el ex dictador es ilegal. Fungairiño informó a Monckeberg de que en el auto de detención dictado por Garzón "había citas copiadas literalmente del informe Reting" y que, por lo tanto, a juicio del fiscal jefe, se refiere sólo a delitos que pueden ser juzgados en Chile. Monckeberg, que llama a Fungairiño "el experto fiscal español", reveló que Fungairiño le mostró un documento de 18 páginas en el que razona los fallos en los sumarios seguidos en España y que criticó con dureza a los jueces Garzón y García-Castellón.