La Junta andaluza acusa al Gobierno de "despreciar" su autonomía

La Junta de Andalucía efectuó ayer una declaración institucional en la que acusa al Gobierno central de "menoscabar" su autonomía y reivindica la vigencia y el valor político de su Estatuto. Con motivo del 17º aniversario del referéndum popular que aprobó la norma andaluza, el 20 de octubre de 1981 -fecha que hasta ahora no se había conmemorado nunca-, el Ejecutivo que preside el socialista Manuel Chaves afirma que decisiones como el sistema de financiación "son el paradigma más claro de cómo se puede despreciar una autonomía y rebajar su contenido, de cómo se puede devaluar (...) un Estatuto".

La efeméride de ayer se produjo un año después del emblemático 28 de febrero, en el que los andaluces ganaron en las urnas la consecución de la autonomía por la misma vía que las comunidades consideradas históricas. El 20 de octubre de 1981 se votó en referéndum el Estatuto, que había sido aprobado meses antes por el Parlamento andaluz en Córdoba.

Hasta este año jamás se había celebrado tal fecha, pero, según explicó el portavoz del Gobierno regional, Rafael Camacho, la Junta ha considerado oportuno un posicionamiento político a raíz del debate actual sobre el modelo de Estado y la reforma de la Constitución.

En su declaración, la Junta afirma que Andalucía no ha satisfecho aún plenamente sus aspiraciones de autogobierno y pretende recibir más transferencias del Estado para desarrollar su autonomía.

Además, advierte que seguirá empleando "todos los recursos políticos, técnicos y humanos (...) para recibir un justo trato del Estado que garantice la autonomía financiera, menoscabada por el sistema de financiación aprobado por el Gobierno central", en clara alusión a los recursos de inconstitucionalidad que ha planteado contra el modelo de financiación autonómica y los Presupuestos Generales de 1997 y 1998.

Devaluación

El enunciado añade que decisiones políticas como la del sistema de financiación, que "ignora" el censo real de población de la comunidad -con 400.000 habitantes más de los reconocidos- respecto a la cobertura financiera de sus servicios básicos, son "el paradigma más claro de cómo se puede despreciar una autonomía y rebajar su contenido, de cómo se pude devaluar por la vía de los hechos consumados un Estatuto cuya letra y cuyo espíritu siguen atesorando hoy los instrumentos jurídicos y respuestas políticas para satisfacer las aspiraciones de los andaluces". En referencia directa a la polémica sobre el modelo de Estado y las declaraciones de Barcelona, Lizarra y Mérida, la Junta concluye: "En víspera del nuevo milenio, hemos de abogar por la cohesión y la solidaridad, rechazando cualesquiera de los privilegios que abonen la desigualdad entre los españoles y debiliten a España y Andalucía ante los grandes retos que se alzan a la vista".