Garzón imputa 79 delitos coordinados con Argentina

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que el general Augusto Pinochet, como jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, "desarrolló actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares argentinas entre los años 1976 y 1983". Así consta en el auto dictado por el juez, a cuyo contenido tuvo acceso Efe, en el que ordena la prisión provisional e incondicional de Augusto Pinochet por los delitos de genocidio y terrorismo. En el mismo escrito, Garzón libra órdenes de busca y captura internacionales del general Pinochet "con fines de extradición". Para el juez, "de lo actuado se desprende que en Chile, desde septiembre de 1973 y, al igual que en la República Argentina desde 1976, se produce toda una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica" contra ciudadanos chilenos y argentinos.

Continúa explicando que para llevarlas a cabo "se desarrollan planes y consignas establecidas desde la estructura del poder, que tienen como fin la eliminación física, desaparición y secuestro, previa práctica generalizada de torturas de miles de personas".

El magistrado señala que "en el ámbito internacional se constata una coordinación que recibirá el nombre de Operación Cóndor, en la que intervendrán diferentes países, entre ellos Chile y Argentina, y que tiene por objeto coordinar la acción represiva entre ellos".

En este sentido, "Pinochet Ugarte, a la sazón jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares argentinas entre los años 1976 y 1983, periodo al que se extiende la investigación de esta causa".

Según Garzón, Pinochet imparte "órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestros y desaparición" de chilenos y ciudadanos de otras nacionalidades a través de los servicios secretos, la Dina, y dentro del plan Cóndor. En el auto se explican 79 supuestos casos en los que se puso en práctica esta coordinación; entre ellos, cita el de Edgardo Enrique Espinosa, que fue secuestrado en Chile el 10 de abril 1976 y trasladado a los campos de concentración de Argentina, sin que posteriormente se haya vuelto a tener noticias del mismo.

Garzón explica que estos hechos son constitutivos de un presunto delito de genocidio "que se ampliará en resoluciones posteriores", e indica que, "tal y como consta acreditado, se crea una organización armada aprovechando la estructura militar".