La fortaleza del ex dictador, ya sin uniforme, se vino abajo

Cuando en julio de 1996 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la denuncia por genocidio y terrorismo internacional contra Augusto Pinochet Ugarte, nadie podía intuir la trascendencia de aquel paso. En aquella época el todavía general se sentía fuerte y confiado del inquebrantable respaldo de las Fuerzas Armadas chilenas. Dos años después, la fortaleza del exdictador sin uniforme convertido en senador se ha venido abajo. La inmunidad diplomática de la que se sentía provisto le ha valido de poco en Londres, donde en la recta final de su existencia ha sido detenido. Nunca Pinochet había sentido tan cerca el aliento de la Justicia.

El paciente trabajo de los abogados de la acusación particular desde la presentación de la querella ha conseguido presentar una lista de más 4.000 asesinados o desaparecidos de una decena de nacionalidades durante la dictadura pinochetista. Entre las víctimas hay varios ciudadanos españoles cuyo paradero se desconoce, como el funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria o el sacerdote Antonio Llidó, alicantino, quien fue visto por última vez por la testigo María Paz Rojas en octubre de 1974 en un centro de tortura de Santiago. Michele Peña Herrera, secuestrada cuando estaba embarazada de ocho meses, y Antonio Eliozondo Ormanechea permanecieron detenidos en Villa Grimaldi, según varios testimonios, y de allí desaparecieron. Junto a la labor de la acusación, dos jueces, Manuel García Castellón primero, y Baltasar Garzón después, han exhibido una perseverancia poco común en la instrucción de un proceso criticado desde diversos sectores, con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Gobierno chileno a la cabeza. Para el abogado de la acusación particular Joan Garcés, ayer fue "un día de alegría para la humanidad".