El Parlamento catalán pide al Gobierno que revise la LRU

El Parlamento catalán aprobó el pasado día 8 una proposición no de ley en la que pide a la Generalitat que inste al Gobierno central para que lleve a cabo una revisión a fondo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, un texto legal al que reconoce el mérito de haber impulsado a lo largo de los últimos 15 años la transformación de la enseñanza superior en España, pero al que considera actualmente como "un escollo importante para el crecimiento de nuestras universidades".La proposición que aprobó por unanimidad la Comisión de Política Cultural del Parlamento catalán, a propuesta de Convergència i Unió (CiU), pide la revisión del Título V de la LRU, que regula la carrera docente universitaria, cuyos efectos sobre el profesorado son uno de los grandes problemas actuales de la Universidad. La propuesta de CiU, sin embargo, no se queda únicamente en este aspecto, sino que pide también una revisión de modelo de los órganos de gobierno de las universidades y una nueva regulación del Consejo de Universidades.

Máxima rentabilidad

La exposición de motivos indica que la transferencia de las universidades a las Comunidades Autónomas no ha generado un despliegue normativo que tenga en consideración que es la Administración autonómica "la que financia en gran parte las universidades y que las reformas que se han de emprender han de ir en el sentido de obtener la máxima rentabilidad del esfuerzo inversor a cargo de los presupuestos públicos". Insiste también en la potenciación de la autonomía universitaria y en el reconocimiento "de las especificidades de los diferentes sistemas universitarios de las CC AA que permita a las universidades afrontar de manera competitiva los retos del futuro".La propuesta pide la revisión de los planes de estudio, de modo que, "una vez determinadas las directrices generales", posteriormente las comunidades autónomas "puedan ejercer todas las competencias de ejecución". Se refiere en segundo lugar a la carrera docente, que debería articularse, dice, de modo que permita "racionalizar el acceso, la movilidad, la formación y la promoción" buscando medidas para solucionar "los problemas de inestabilidad laboral de determinados colectivos de profesores".

Esta medida ha de contemplarse en el marco de las ya muy largas negociaciones entre el PP y CiU por la reforma de la LRU -estériles hasta ahora- cuyo contenido actual sigue envuelto en una absoluto misterio; algo que podría indicar que, de nuevo, desde el Gobierno se pretende congelar cualquier reforma.