El Gobierno implanta por decreto la TV Digital Terrestre, con la oposición de PSOE, CiU e IU

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al decreto por el que se aprueba el Plan Técnico de la Televisión Digital Terrestre. Esta decisión prepara las condiciones para hacer aún más complejo el sector español de televisión, al implantar un sistema que multiplica los canales existentes -tanto públicos como privados- y prevé la creación de, al menos, un nuevo operador de ámbito nacional.La renovación de licencias a los actuales concesionarios privados (Antena 3, Tele 5 y Canal+) queda condicionada a que acepten un rápido paso a la tecnología digital. En ese caso se les concederá un canal múltiple a cada uno, capaz de emitir cuatro o cinco programaciones en lugar de una sola, analógica, como ocurre en la actualidad.

A su vez, RTVE tendrá derecho a dos canales múltiples, con capacidad bastante para difundir entre ocho y diez programaciones en vez de las dos actuales (La Primera y La 2). También se atribuye un canal múltiple a cada una de las televisiones autonómicas.

Todos a pagar

Se abre así el proceso por el que el sistema de televisión analógica se extinguirá, de aquí al año 2012. Esta decisión costará dinero a todos los poseedores de televisores. Según el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, los receptores actuales serán plenamente compatibles con la tecnología digital, siempre que se les apliquen unos adaptadores que cuestan entre 8.000 y 10.000 pesetas. Otras opiniones van en el sentido de que será necesaria la renovación progresiva de televisores.Además de multiplicar los canales que se verán obligados a llenar los actuales operadores, el plan técnico en cuestión permite reservar otros 15 canales, que "en su caso, serán sacados a concurso por el Gobierno", aclaró el ministro. Ninguno de los actuales operadores privados podrá optar al mismo, como ayer anticipó EL PAÍS. Arias-Salgado no reveló la fecha del concurso y advirtió que el Gobierno se reserva la convocatoria del mismo en cualquier momento a partir de la promulgación del decreto.

Las comunidades autónomas podrán otorgar concesiones en sus ámbitos, pero no se les permite decidir por sí mismas si los nuevos canales deben gestionarse por entes públicos o privados; tendrán que esperar a que se promulgue una nueva legislación de televisión autonómica.

El Parlamento, al margen

El decreto adoptado por el Ejecutivo se ha encontrado con una fuerte oposición política. Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que es una decisión precipitada "que aumenta el caos legislativo de las televisiones". Para los socialistas, el Gobierno "ha demostrado que como mejor actúa es hurtando el debate parlamentario", en referencia a que la regulación no se ha hecho por ley. El PSOE opina que el Gobierno "pretende tener unas cuantas licencias para regalárselas a sus amigos".El portavoz de CiU en materia de Telecomunicaciones, Lluís Recoder, manifestó que su grupo está en contra del decreto y adoptará medidas parlamentarias para oponerse a la nueva normativa. Recoder subrayó que Fomento debería haber discutido con el resto de los grupos una normativa de "gran importancia" que hubiera merecido un esfuerzo de consenso.

Felipe Alcaraz (IU) anunció que su formación también promoverá iniciativas parlamentarias en contra del decreto. Alcaraz criticó el "pasteleo" entre Fomento y algunas empresas televisivas para dejar al Parlamento al margen de un asunto de "enorme trascendencia". Arias-Salgado y el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, han discutido el proyecto con Tele 5 y Antena 3.