El Congreso retira la inmunidad al convergente Nadal, investigado por tráfico de influencias

El Congreso aprobó ayer por una amplísima mayoría retirar la inmunidad parlamentaria al alcalde de Tarragona, el convergente Joan Miquel Nadal, para que pueda ser investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de tráfico de influencias. Nadal advirtió que hará públicos en los próximos días documentos que acreditan que la fiscal encargada del caso, María José Osuna, actúa movida por un ánimo de revancha contra su persona. El alcalde tendrá que hacer frente dentro de unas semanas a otro sumario en el que figura por beneficiar supuestamente a su esposa.

Mientras el nuevo caso se halla en el Supremo, pendiente de un informe del fiscal, se produjo ayer la votación del suplicatorio. Fue el primer punto del orden del día del pleno del Congreso. Como ocurre en la mayoría de estos casos, ningún portavoz parlamentario hizo uso de la palabra y se procedió a votar a puerta cerrada. 218 diputados votaron a favor del suplicatorio, 3 lo hicieron en contra y 6 se abstuvieron. Debido a que el voto es secreto, se desconoce qué diputados votaron desfavorablemente, aunque en aquellos momentos había en la sala 11 miembros del grupo de Convergència i Unió. Horas después de concederse el suplicatorio, Joan Miquel Nadal, que no asistió al plenario, compareció ante los medios de comunicación para comentar que ayer era uno de los días de su vida en que se sentía más contento porque la votación suponía dejar atrás cuatro años de silencio y poder iniciar su defensa. Un argumento semejante utilizó el pasado martes, dos días antes de aprobarse el suplicatorio, en su intervención en Catalunya Ràdio, emisora que transmitió el programa Catalunya Matí en directo desde Tarragona. El diputado convergente, en la línea de las alegaciones que presentó ante el Congreso y a sabiendas de que la mejor defensa es un buen ataque, advirtió que en los próximos días daría a conocer más documentos que acreditarían que la fiscal María José Osuna, a quien no nombró, le está investigando inquisitorialmente y movida por un ánimo de revancha. También acusó a la fiscal de no haber actuado con la profesionalidad necesaria. Cuando se inició el proceso de investigación, la fiscal tenía pendiente un contencioso urbanístico en el Tribunal Superior de Justicia contra el Ayuntamiento, que al final se resolvió desfavorablemente para la comunidad de vecinos donde vive María José Osuna. Los letrados del alcalde entienden que la fiscal hubiera tenido que abstenerse del caso. La asociación Jueces para la Democracia solicitó ayer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que actúe en contra de Joan Miquel Nadal por poner en duda la imparcialidad y haber descalificado a la fiscal María José Osuna. El comunicado añade que la conducta del alcalde "refleja más un deseo de venganza que de búsqueda de la verdad dentro del cauce del proceso". La semana pasada, la Unión Progresista de Fiscales también se expresó en los mismos términos. Algunos de los documentos que pondrían en duda la imparcialidad de María José Osuna van siendo filtrados a la prensa con cuentagotas. La fiscal ya actuó contra Nadal en 1994 en un proceso que al final archivó el Tribunal Supremo, en el que se acusaba al alcalde de haber utilizado medios del Ayuntamiento para su campaña electoral. En concreto, el auto del Supremo informaba a la fiscal y al juez instructor del procedimiento adecuado que seguir en los casos contra aforados. Así, se señalaba que en las diligencias debía constar claramente el denunciante de los hechos y que se debía dar la oportunidad al aforado, Joan Miquel Nadal, de declarar ante el juez. PASA A LA PÁGINA 3