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Tribuna:EL DEBATE SOBRE LOS PRESUPUESTOS
Tribuna
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Los otros déficit

Arrastrados por la inercia de los últimos años es probable que la cifra de déficit público que figure en los Presupuestos siga centrando el debate sobre los mismos. Sin negarle importancia al dato, ya que la coyuntura se está complicando más de lo previsto y, además, el Pacto de Estabilidad impone su reducción acelerada, el euro obliga a resaltar la existencia en España de otros déficit, en relación al promedio europeo, cuya corrección pasa a ser más importante y que se deben convertir en elementos esenciales para analizar el conjunto de la política económica y el propio documento presupuestario.Si el euro significa un cambio en las reglas de juego que afecta de forma directa a los objetivos e instrumentos de la política económica nacional, debemos ser consecuentes con ello y reorientar los parámetros tradicionales con que analizamos estos asuntos. Ahora, por ejemplo, la consecución de la convergencia real a todos los niveles con nuestros socios europeos debe ser el primer objetivo de la política económica. Si compartimos ya con alemanes, franceses o suecos un espacio económico y monetario único, debemos aspirar a que los ciudadanos españoles disfruten también de los mismos niveles de renta y de bienestar de esos países, cuya comparación con los nuestros, desaparecido el velo de la diferencia de monedas y cambio, será más fácil y lacerante.

Dado que la tendencia espontánea a dicha convergencia real no existe o, de existir, requiere de muchas décadas sin crisis diferenciales, tenemos que intentar acelerar el proceso a través de la actuación consciente y decidida de todos los agentes económicos, con el Estado al frente. Al menos, en dos grandes asuntos donde se concentran nuestros principales déficit: los factores que inciden sobre el crecimiento general de la economía y las reglas de reparto de dicho crecimiento que afectan al bienestar social.

Deberíamos, pues, analizar el documento presupuestario y el conjunto de la política económica en relación con el esfuerzo necesario para hacer avanzar nuestra convergencia real con Europa más allá de lo que se derive del propio auge cíclico de la economía. Y valorarlo en función de la intensidad adicional con que se encamine a reducir esos otros déficit.

Empezando por el déficit laboral. Por cada 100 ciudadanos en edad laboral, 68 quieren trabajar en la Unión Europea frente a sólo 61 en España. Esta diferencia, de siete puntos, es especialmente aguda entre las mujeres, llega a casi 10. De estos ciudadanos que son activos, unos trabajarán y otros engrosarán las filas del paro. Nuestro problema de empleo no se reduce, pues, sólo a los tres millones de parados, sino a esos otros dos millones y medio de ciudadanos cuyo desánimo ante las perspectivas de encontrar trabajo unido a otras dificultades culturales y estructurales, les lleva a ni planteárselo siquiera. Si la convergencia real es el objetivo, debemos remover los obstáculos para incorporar al mercado de trabajo y encontrar empleo a cinco millones y medio de españoles, más de la mitad, mujeres. Sobre todo en el sector servicios, que es donde mayor diferencia tenemos en número de empleados por habitante.

Hacer posible la absorción de ese fuerte incremento en nuestra mano de obra, requiere reducir simultáneamente nuestro déficit de capital o de inversiones reales. Aunque nuestra tasa de crecimiento anual de la inversión suele situarse por encima de la media europea como corresponde a nuestro atraso relativo, dos datos deben preocuparnos: primero, que dichas tasas son sensiblemente menores hoy (en torno al 23% del PIB) que las necesarias y que fueron posibles en otras épocas, como principios de los setenta (en torno al 26% anual). Segundo, que nuestro stock total de capital sigue siendo inferior al de los países europeos más avanzados. Esto es especialmente evidente en el caso del capital público. Necesitamos, pues, muchas más empresas, que las existentes aumenten de tamaño y mayor inversión pública en todos los servicios y no sólo en infraestructura.

En un mercado sin fronteras y con una moneda única, la convergencia real no la conseguiremos sólo trabajando más gente y produciendo más. También tendremos que hacerlo mejor que nuestros socios competidores, lo que nos lleva a los aspectos cualitativos, aquellos que tienen incidencia positiva sobre la productividad del capital y del trabajo. Aquí destaca, por su importancia, nuestro déficit tecnológico, tanto si se mide por el stock de capital tecnológico que algunos estudios sitúan en el 34% de la media europea, como si lo medimos por la inversión en investigación y desarrollo donde, en los tres sectores en que se divide, el empresarial, el Estado y las universidades, estamos muy por debajo de la media europea y, desde luego, de los países punteros. Vinculado a ello está nuestro déficit formativo que tiene que ver con los recursos, la organización y los programas de la formación profesional en todas sus vertientes, pero también con los contenidos de la enseñanza básica obligatoria en un contexto cambiante y tecnificado.

Además de producir más y mejor, si queremos que nuestros avances en convergencia real sean permanentes tendremos que corregir nuestro déficit de flexibilidad en todo el sistema productivo y social para ser capaces de adaptarnos, con rapidez, a las alteraciones constantes que se producen en un mundo globalizado. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con las liberalizaciones en el mercado de bienes y servicios, con un cambio en el papel regulador del Estado hacia una menor burocratización del mismo sin pérdida de eficacia sobre lo que de verdad importa a los ciudadanos y con modificaciones en la forma de entender la negociación colectiva -tanto su ámbito como sus contenidos-. Si además de permanentes, queremos que los avances en convergencia real lleguen a todos los ciudadanos de forma solidaria, tendremos que corregir nuestro déficit social que todavía sitúa al gasto en protección social realizado en España 15 puntos porcentuales de PIB por debajo de la media europea aunque, de forma simultánea, deba procederse a una profunda revisión de los instrumentos actuales de protección social para mejorar su eficiencia y su eficacia.

Nada de esto es nuevo y seguro que en los Presupuestos figura una partida para cada uno de estos objetivos. También antes, y por ello venimos avanzando lentamente en convergencia real con Europa, sobre todo en las fases alcistas del ciclo como la actual. Lo nuevo, lo que obliga a alterar las prioridades de la política económica y presupuestaria de manera radical hasta el punto de configurar una matriz de análisis y de propuestas diferente, es la confluencia de un hecho y dos convicciones.

El hecho es la existencia del euro con las transformaciones que conlleva: mayor competencia intracomunitaria, pérdida de la política monetaria nacional y límites a la política de déficit público que, juntas, incrementan nuestra exposición al riesgo externo. Las dos convicciones son la necesidad de explicitar el objetivo de convergencia real con Europa con la misma fuerza vinculante -y, esperemos que con el mismo éxito- que hemos hecho con la nominal y otra relativa a que el libre fluir de los acontecimientos no la conseguirá, y menos, en un plazo de tiempo aceptable. Sin olvidar que una mala adaptación al euro puede acabar siendo perjudicial, incrementando las desigualdades en Europa.

Comprendo lo desaconsejable de establecer unos compromisos públicos en plazos y cantidades para corregir estos seis déficit de convergencia real, muchos de los cuales están interrelacionados. Entre otras cosas, porque no sólo depende del Gobierno conseguirlo. Pero sí es su obligación señalar el objetivo, asumir sus responsabilidades en lo referente a nuevas obligaciones de gasto que, dada la intensidad necesaria de los mismos y las restricciones del Pacto de Estabilidad debe llevar a un diseño presupuestario distinto, y poner los instrumentos normativos para incentivar el cambio de hábitos y comportamientos que se debe producir en las actuaciones de los agentes económicos y sociales.

No sólo el euro, sino la globalización, están alterando las condiciones en que se desarrolla nuestra actividad y, también, alentando las demandas sociales de equiparación real con Europa. Ello, más las turbulencias económico-financieras que están recorriendo el mundo, no hacen posible o, al menos, recomendable, seguir con el mismo discurso triunfalista, ofreciendo más de lo mismo, como si nada estuviera pasando.

Jordi Sevilla es economista del Estado y asesor del Grupo Socialista.

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