El PP reforzará el 20º aniversario de la Constitución para subrayar su vigor
Los máximos dirigentes del PP han concluido esta semana pasada, tras escuchar a José María Aznar, que con el resultado de las elecciones vascas del día 25 está en juego que tome cuerpo la Declaración de Lizarra (Estella) y, por tanto, la desvertebración del Estado. Para contrarrestar, el PP proclama su fe en la vigente Constitución, que quieren reforzar con más actos en la celebración de su vigésimo aniversario. Asimismo, reclama que no se retoque o que, en caso de hacerlo, se plantee siempre mediante un consenso con el PSOE.
La dirección del PP ha tomado conciencia de que, tras el anuncio de tregua por parte de ETA, se enfrenta a su reto "más importante en el Gobierno". El pasado lunes, durante la reunión de su comité ejecutivo, se originó un "profundo" debate en ese sentido entre los dirigentes del partido que derivó hacia las consecuencias de ese emplazamiento para la sociedad, para el propio Ejecutivo y para la Constitución.Para algunos de los asistentes, esa sesión supuso una de las citas "más trascendentes". Hubo numerosas intervenciones. "Todas, muy serias, conscientes de que lo que nos jugamos ahora no es ninguna broma", según confesó uno de los presentes, a los que José María Aznar reclamó la máxima discreción y que no interpretasen sus palabras.
A los dirigentes del PP les preocupa tanto dar la talla con relación al acontecimiento que supone la tregua de ETA y la nueva fase de negociaciones políticas que podría abrir en el País Vasco como las consecuencias que para ese futuro puede determinar la Declaración de Lizarra, que plantea otro concepto de estructura de España. Las elecciones autonómicas del 25 de octubre cobran así para el PP una relevancia superior a la meramente partidista.
El propio Aznar concedió esa trascendencia especial a los comicios y ofreció su parcial explicación sobre cómo se ha llegado a este punto con la tregua. Según el presidente del Gobierno, ETA se ha visto abocada a ella por la política antiterrorista del Gobierno, por la presión social y porque se había quedado aislada en el mundo como banda armada tras los acuerdos de paz suscritos en Irlanda y otros territorios.
El primer miembro de la ejecutiva del PP que buceó por esos senderos para alertar del peligro de retocar la Constitución fue el diputado Javier Rupérez, que estuvo secuestrado por ETA. Como la mayoría de la decena de dirigentes que luego le respaldaron, Rupérez destacó que la actual Constitución ha ofrecido durante sus 20 años de vida un buen resultado y rechazó que haga falta cambiarla. El diputado Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Carta Magna y herido por ETA en un atentado, profundizó en esos argumentos aplicándoles pinceladas personales y afectivas. Tanto Rupérez como Cisneros pidieron una consideración especial en esta fase para las víctimas de ETA.
Jaime Ignacio del Burgo, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN), partido socio del PP, recordó que en Navarra la Constitución no fue aprobada sólo por la mayoría de los representantes políticos, sino por la mayoría de los ciudadanos.
El PP concede tanta importancia a la actual Constitución, tras el anuncio de tregua en Euskadi y la reciente polémica sobre su valía, que ya estudia reforzar el tipo de actos programados para conmemorar en diciembre su vigésimo aniversario. Habrá más actividades que le rindan homenaje tanto de partido como institucionales.
En este clima, y tras escuchar las opiniones coincidentes del ex alcalde de Madrid José Luis Álvarez; de Alejo Vidal Quadras, responsable de la fundación ideológica del PP, y de Guillermo Gortázar, secretario de área de formación del partido, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, analizó las amenazas que se ciernen sobre la tregua y el País Vasco tras los resultados de las elecciones vascas.
En el PP piensan que, si los partidos nacionalistas logran validar con un importante número de votos sus posiciones, el escenario en Euskadi se complicará y entonces habrá muchas posibilidades de que la Declaración de Lizarra cuaje. El PP buscará para evitarlo una amplia participación en los comicios, que podría beneficiar los intereses de los partidos de ámbito estatal.
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