La propiedad siempre gana

El movimiento okupa está fuera del sistema. No comparte las ideas que lo fundan y lucha contra ellas. Pero sus miembros, jóvenes casi todos, no quieren ir a la cárcel por ello. De su lado están Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds (NI-IC-EV) e Izquierda Unida (IU) que el martes perdieron en el Congreso su batalla para dejar sin efecto el artículo 245.2 del Código Penal que afirma que okupar es un delito. Y un sector de la abogacía, liderado por una comisión del Colegio de Abogados de Barcelona, que considera ese precepto desproporcionado e incluso inconstitucional. En la lucha entre el derecho a la propiedad de los dueños y el derecho a la vivienda de los okupas siempre gana el primero, dicen.Antes de que se aprobara el Código Penal vigente, en 1995, el delito de okupación no existía en España. Para combatir este movimiento, que comenzó en una masía de Gallecs (Vallés Oriental) en 1977 y que ha dado casi 140 okupaciones hasta 1997, según datos de sus propios colectivos, sólo se podía recurrir a la vía civil del desahucio o el interdicto (procedimientos para recuperar posesiones). Desde 1995 se puede castigar con una multa de tres a seis meses o la cárcel.

Es a esa realidad anterior a 1995 a la que apelan los partidarios de la despenalización. Pero tienen más argumentos: perseguir un acto pacífico aceptado socialmente como es ocupar un edificio deshabitado y darle un uso social, afirman, criminaliza un movimiento que ya es marginal y aumenta la conflictividad. Eso sin contar con que España tiene la tasa más alta de viviendas vacías (16%).

La Comisión de Defensa de Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, estudió durante ocho meses el problema, en contacto con el movimiento okupa y con profesores de Derecho Constitucional y magistrados, y llegó a la conclusión, en febrero, de que la okupación debía despenalizarse. Ese informe no fue asumido por la Junta que preside el colegio, explica Rafael Calderón uno de sus autores, pero recogieron sus ideas NI-IC-EV e IU.

El PSOE votó en contra de ambas. Para su portavoz en la materia, Álvaro Cuesta, el problema es más social que legislativo: el fracaso de la política de vivienda no puede justificar desproteger el derecho a la propiedad, recogido en la Constitución, explica. Y ni siquiera admite que haya desproporción entre el delito y la pena ya que el nuevo código admite la sustitución de la pena de cárcel por una multa.

Las propuestas legislativas de la izquierda (la única diferencia entre ellas es que la de NI-IU-EV incluye la revisión de oficio de todas las sentencias condenatorias) sólo recibieron el martes los votos propios y los del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El resto de grupos ni siquiera aceptó la propuesta de Joan Saura (IC) de que una ponencia estudiara el problema. Un problema que, según el abogado Endika Zulueta, que en junio consiguió que la Audiencia de Madrid absolviera a dos okupas, es similar al del aborto: la okupación es un delito, pero son pocos los que llegan a sentarse en el banquillo, dice. Sólo en Cataluña, 22 desalojos han terminado en la vía penal y 400 jóvenes esperan juicio.