La segunda revolución de Cardoso

El 10 de septiembre fue el peor día para el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, de toda la campaña electoral para los comicios del domingo. La economía de Brasil sentía con fuerza los efectos de la tormenta financiera mundial. Las presiones especulativas contra la moneda, el real, eran fortísimas, y las reservas del país se volatilizaban. El presidente y candidato a la reelección aseguró en una entrevista concedida al mediodía que no subirían los tipos de interés. A las diez y media de la noche no tuvo más remedio que retractarse y permitir al presidente del Banco Central para un aumento del precio del dinero del 29,7% al 49,7%. La campaña electoral entró en una nueva fase, determinada por la crisis económica y los efectos políticos de las medidas de choque para combatirla.Cardoso dio aquella noche un paso que, sin duda, tendrá una gran trascendencia en el debate sobre las reformas económicas y políticas que Brasil tendrá que afrontar a partir de la próxima semana. La convulsión de los mercados alteró el tono de la campaña electoral brasileña. Toda América, de Norte a Sur, y las naciones con fuertes inversiones en América Latina están pendientes de lo que ocurra en Brasil, que ha visto reducidas sus reservas en dólares en más de 30.000 millones de dólares (4,2 billones de pesetas), la mitad de las previsiones para 1999. Estados Unidos y los países más ricos se preparan para intervenir a través de los organismos multilaterales con una ayuda de un monto similar, pero a cambio exigen el cumplimiento de su receta habitual: un severo ajuste fiscal, que Cardoso ha anunciado al país, sin detalles, en plena campaña.

A pesar de la importancia de la crisis, los candidatos no han debatido sobre ella porque el presidente lo ha impedido. Ahora, con la campaña a punto de cerrarse, se vislumbra que el plan de ajuste que planea sobre Brasil requerirá importantes reformas políticas. Para empezar, la Constitución brasileña, que el lunes cumple 10 años de vigencia, establece que los tipos de interés no pueden subir más del 12% al año, algo que Cardoso liquidó de un plumazo la noche del 10 de septiembre. El vicepresidente de la República, Marco Maciel, se apresuró a criticar dicha disposición constitucional, señalando que los tipos "son una cuestión del mercado o, a lo sumo, una resolución del Banco Central".

Combatir el déficit público con un plan de ajuste implicará, entre otras decisiones, recortar los gastos de Gobierno federal, aumentar los impuestos y reducir las aportaciones a los presupuestos de los 27 gobernadores y los más de 5.000 alcaldes. Para ello, el presidente necesitará el apoyo del Poder Judicial y del Congreso. Aquí entra de nuevo la reforma de la Constitución que defienden Cardoso y sus aliados. La medida tiene incluso nombre: miniconstituyente, o, lo que es lo mismo, un intento de reducir el quórum necesario en el Congreso a la hora de votar nuevas leyes. La oposición de izquierda, con el Partido de los Trabajadores (PT) a la cabeza, rechaza esta pretensión.

Ahí está la disyuntiva frente a la que se encuentra el presidente. Necesita reformar la Constitución y al mismo tiempo recortar el considerable poder de los gobernadores. Pero no puede renunciar al apoyo de éstos para convocar una sesión extraordinaria del Congreso y someter a votación el plan de ajuste fiscal que tiene en cartera. Ningún gobernador dará su respaldo sin pedir contrapartidas. Desde la promulgación de la Carta Magna en 1988, su reforma ha sido la meta de todos los presidentes que la heredaron: José Sarney, Fernado Collor de Mello, Itamar Franco y el propio Cardoso.

"Una Constitución moderna aspira a sobrevivir a los que la redactaron. La que tenemos no es así, hasta el punto de que hay más de doscientas enmiendas en trámite en el Congreso", recuerda el expresidente Sarney, bajo cuyo mandato se aprobó el actual texto.

Como un reflejo de la prolongada dictadura militar, prevalecía en el Congreso un clima de presión que afectó sin duda a los parlamentarios que redactaron la Constitución. Pero ahora, en palabras del presidente Cardoso, "después de la caída del muro de Berlín y del avance de la globalización, defender los monopolios estatales y preservar las empresas locales se ha convertido en algo anticuado".