Las escuelas de ingeniería piden a Medio Ambiente que retire la ley forestal

Los directores de las diez Escuelas de Ingeniería Forestal (superiores y técnicas) de España han redactado una petición al Ministerio de Medio Ambiente para que retire el borrador del anteproyecto de Ley Forestal. En esta petición no están solos. El pasado lunes, las comunidades autónomas de Galicia -gobernada por el PP- y Cataluña, también solicitaron en una reunión con el director general de la Naturaleza, Enrique Alonso, que se aparque la ley porque no comparten ni su enfoque ni su contenido. Ayer el Congreso rechazó un proyecto alternativo del PSOE.

La posición de los directores de Escuelas de Montes es unánime en el rechazo del anteproyecto de una ley que pretende acomodar a los tiempos actuales la gestión del patrimonio forestal español, enmarcar sus funciones ecológicas y sociales, y protegerlos de los incendios. Después de discutir el documento este verano, han optado por remitir una carta a Enrique Alonso denunciándole sus deficiencias técnicas y jurídicas. La carta tardará en llegar a su destino porque pretenden que pase por las diez escuelas de ingeniería forestal para recoger la firma autógrafa de cada uno de sus directores.Desde el punto de vista jurídico carece de exposición de motivos y no se explica -dicen-, cómo despacha la cuestión de las competencias sin tener en cuenta la Constitución y los Estatutos de autonomía.

Tampoco consideran aceptable que una ley básica se desarrolle en 31 artículos y 15 disposiciones adicionales (casi la mitad de su articulado) en las que se alude a temas que no figuran en la ley. "Da la impresión de que se ha hecho a toda prisa", para salir al paso del proyecto presentado por el PSOE, afirma uno de los promotores de la carta. Otro de los aspectos que no aciertan a comprender del anteproyecto es la exclusión de las dehesas, los piornales (bosquetes de arbustos) y los alcornocales poco densos, tan necesitados de protección por su identificarse con el bosque mediterráneo.

Insisten los docentes forestales en la falta de concreción del texto y en la escasa referencia que hace a las leyes que han desarrollado al menos siete comunidades autónomas, dada lo anticuada que ha quedado la ley vigente, que data de 1957 (preconstitucional). Los propietarios privados (casi un 80% de los bosques) también lo rechazan porque abre la vía a expropiaciones, según fuentes de la agrupación de silvicultores.

El anteproyecto, junto a la estrategia forestal, también recibió críticas de los ministerios de Educación y Agricultura el pasado lunes, en una reunión convocada por el director general de Conservación de la Naturaleza, Enrique Alonso, con representantes de las autonomías y cinco ministerios.

Los delegados de Galicia y Cataluña mostraron su desacuerdo sobre el borrador, aunque por distintos motivos. A la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, le parece sesgado porque no contempla las funciones múltiples del monte en función de los espacios geográficos del país, ni los distintos aprovechamientos o regímenes de propiedad asociados a cada entorno. Tampoco les gusta que se prohíban las cortas a hecho (talas indiscriminadas por zonas). El rechazo de Cataluña se centra en la escasa estima que la coalición gobernante tiene por las leyes básicas.

Proyecto alternativo

Ante esta avalancha de críticas el lunes se decidió aparcar el anteproyecto para centrar los trabajos de la reunión en la estrategia forestal, segunda que presenta el Ministerio de Medio Ambiente (el anterior director ya presentó un documento al respecto). Enrique Alonso resta importancia a las críticas. "Decidimos que es prioritaria la estrategia forestal y sobre ella basaremos el próximo borrador de ley forestal. Se crearán nueve grupos de trabajo sobre montes de utilidad pública y privada, catálogos, guarderías, dehesas, incentivos fiscales. Queremos reunirnos en diciembre de modo que podamos tenerla lista a comienzos de 1999".Por otra parte, el pleno del Congreso rechazó ayer el proyecto de ley forestal defendido por Cristina Narbona del PSOE, aunque contó con el apoyo de IU, Nueva Izquierda y ecologistas, entre ellos Greenpeace. Según Mario Rodríguez, portavoz de esta organización, el texto del PSOE tiene solidez porque define por primera vez lo que es gestión forestal sostenible y facilita instrumentos para que tanto los gestores públicos como los privados la desarrollen: "Define por primera vez -dice- qué tipo de actuaciones son incorrectas como la corta a hecho y establece pautas muy claras y concretas, aunque deja en manos de las comunidades autónomas la adaptación a su realidad. Para nosostros es muy importante que el Parlamento comience a debatir lo que es la gestión forestal sostenible".