La justicia avala que los rótulos de los juzgados estén sólo en catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que la rotulación exclusivamente en catalán de los juzgados no vulnera ningún derecho constitucional y se ajusta a la ley. Así se pronuncia el máximo órgano judicial catalán en una sentencia hecha pública ayer que rechaza el recurso presentado por el vicepresidente nacional del Partido de Acción Democrática Española (PADE) y ex militante del PP, Juan José Aizcorbe, y el ex dirigente ultraderechista Esteban Gómez Rovira, ambos abogados.

Aizcorbe y Gómez Rovira recurrieron contra la actuación de la Generalitat, que a partir del 25 de mayo de 1998 retiró los carteles en castellano que indicaban las dependencias del Palacio de Justicia de Barcelona y dejó únicamente los que estaban en catalán. Para obtener una rápida respuesta judicial los recurrentes acudieron a la Ley de Protección de Derechos Fundamentales e invocaron vulneración del derecho a la igualdad y del de libertad de expresión. Ahora el TSJC ha desestimado esos argumentos y los abogados han anunciado ya que recurrirán ante el Tribunal Supremo. La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC asegura que ambos letrados "no aducen el desconocimiento de la lengua catalana, sino hipotéticos derechos de terceros", algo para lo que no están legitimados, en opinión del tribunal. Del mismo modo, precisa que quien invoca vulneración de esos derechos fundamentales ha de "acreditar razonadamente" que ocurrió, algo que no sucede en este caso. El TSJC entiende, además, que la Constitución no reconoce los derechos lingüísticos como derechos fundamentales y recuerda que "la igualdad efectiva de las lenguas, con actuaciones de normalización", ya fue avalada en 1986 con tres sentencias del Tribunal Constitucional en los recursos contra las leyes de normalización lingüística de Cataluña, el País Vasco y Galicia. La sentencia del TSJC entiende que corresponde a los poderes políticos actuar para conseguir esa igualdad lingüística y que los ciudadanos "no pueden ejercitar una acción general", sino sólo reclamar la defensa de sus derechos cuando crean que se vulneran. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, calificó ayer de "extraordinariamente positiva" la sentencia y reiteró que el catalán es "una lengua débil en el ámbito judicial y ha estado históricamente discriminada". En su opinión, la resolución del TSJC está muy bien argumentada, y no considera previsible que la modifique el Tribunal Supremo.