Comprar en bolsa un 5% de una TV privada necesitará permiso político

El Gobierno se reserva el poder de intervenir en la propiedad de las televisiones incluso cuando éstas decidan cotizar en bolsa, según el proyecto preparado al efecto por el Ministerio de Fomento, que dirige Rafael Arias-Salgado. Habrán de confesarse con dicho departamento los accionistas de un canal que quieran incrementar su control, y también los inversores que aspiren al menos a un 5% del mismo; y Fomento tendrá facultades para denegarlo, aunque la operación se haga en bolsa.

De acuerdo con el proyecto enviado por Fomento para su inclusión en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, tanto las personas físicas como las jurídicas estarán obligadas a informar previamente a la Administración de su deseo de comprar participaciones en una compañía privada de televisión, cuando el paquete a adquirir supere el 5% del capital social de la misma. A partir de la comunicación, el departamento que dirige Rafael Arias-Salgado dispondrá de tres meses de plazo "para, en su caso, denegar la adquisición pretendida".La negativa al permiso para comprar podrá fundarse "en la falta de transparencia de la estructura del grupo" al que pueda pertenecer el presunto comprador, o "en la existencia de vinculaciones" entre el aspirante a comprar y otra empresa privada de televisión. El texto del proyecto no precisa qué se entiende por vinculaciones, lo cual da amplio margen a la interpretación.

También habrá de confesarse con Fomento todo aspirante a incrementar la participación que ya tiene en una televisión privada, si ese aumento implica que su porcentaje de capital o derechos de voto alcance alguno de los siguientes porcentajes: 5%, 10%, 15% o 20%.

Se mantiene el tope del 25% como participación máxima que un sólo accionista puede poseer en una empresa televisiva. Este límite persiste desde hace diez años, cuando se produjo la entrada en vigor de la Ley de la Televisión Privada. Y además se conserva la obligatoriedad de que las acciones de las televisiones privadas sean nominativas, pese a autorizarse su tráfico a través del mercado secundario de la bolsa.

Si este proyecto de norma se convierte en ley, ninguno de los accionistas de referencia de las actuales televisiones privadas estaría en condiciones de hacerse más fuerte en las empresas en que está presente, ni de participar en otra. Estas reglas de juego, establecidas en el anteproyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado para 1999, se acompañan de una memoria en que se justifican tales medidas con el doble argumento de "facilitar" la venta de acciones de las televisiones en bolsa, pero también de garantizar "el respeto al principio de no concentración de medios que inspiró, en su día, el contenido de la Ley 10/1988", que es la reguladora de las concesiones de televisión.

La reforma de esta norma en trámite se limita a liberalizar los trámites para las compraventas de paquetes accionariales que no alcancen el 5% de cada cadena. Esto simplificará los engorrosos pasos que alguna empresa de televisión ha sufrido para que el Ministerio de Fomento le autorice -es un caso reciente- el cambio de manos del 0,1% de su capital, proceso que ha durado varios meses.

Control y transparencia

Sin embargo, el espíritu de la ley de televisión privada de 1988 se mantiene íntegro en la reforma en ciernes, en lo que se refiere a personas físicas o jurídicas que sean algo más que muy pequeños accionistas. En realidad, la norma preparada por Fomento -y a la que falta el trámite de pasar por las Cortes- mantiene el margen de intervención al Ejecutivo para controlar toda operación de cierta significación que se produzca en la propiedad de las televisiones privadas.Rafael Arias-Salgado vaticinó recientemente, en declaraciones a Gaceta de los Negocios, que "en términos reales, ninguna empresa estará en condiciones de salir a bolsa antes del 2000, año en que habrá que renovar las actuales licencias de las televisiones privadas".