CiU y PNV deciden contra el aborto sin explicarse

A la chita callando, con estridente silencio parlamentario -no hicieron uso de la palabra-, arropados por la libertad de voto en conciencia, los grupos nacionalistas del Congreso inclinaron la balanza a favor del platillo que ayer rechazó por tercera vez en esta legislatura una proposición de ley favorable a un cuarto supuesto de despenalización del aborto. Se trataba de llevar al Código Penal la ausencia de responsabilidad para la mujer que aborte por "un conflicto personal, familiar o social de gravedad semejante" a los que ya recoge el código vigente. 172 votos a favor de la admisión a trámite de la propuesta se estrellaron contra 173 que la rechazaron y una abstención. Cuatro nacionalistas cambiaron su voto emitido en el empate de febrero.

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borrell, había anunciado por la mañana que en caso de derrota su partido no volvería a insistir sobre este asunto en lo que queda de legislatura. "Habrá que ganar las elecciones para eso", dijo.Antes del debate, el PP había hecho llegar a los socios del PNV y CiU sus criterios sobre la gravedad de una hipotética derrota parlamentaria en un asunto de tanta trascendencia y al inicio del nuevo periodo de sesiones, según fuentes nacionalistas.

Finalmente, esos mensajes parecieron surtir efecto. Así, la matemática parlamentaria respecto a la votación del 24 de febrero enseña que en aquella ocasión Paulino Rivero, de Coalición Canaria, votó sí; y que esta vez pulsó el botón del no. Xose Joan González de Txabarri (PNV) dio el mismo salto, mientras que Josep Miquel Nadal (CiU) pasó del sí en febrero a la abstención ahora; y su compañero de grupo Ignasi Guardans saltó de la abstención al no.

La ecuación no es exacta porque en febrero hubo 11 ausencias en el hemiciclo, y ayer sólo dos. De los 348 diputados que componen la Cámara, dejaron de acudir Fernando Coquillat, del PP, que sufrió un infarto la semana pasada, y Francisco Vázquez, el alcalde socialista de A Coruña, quien, por discrepar de su partido en este punto, nunca ha acudido cuando el Congreso ha tenido que decidir en torno al aborto.

Sosegado

La tensión que desde el martes se vivió en los alrededores del Congreso, con manifestantes a favor y en contra, no pasó desde la carrera de San Jerónimo, y el hemiciclo vivió un debate sosegado. Se discutían cuatro proposiciones de Ley, pero de antemano se sabía que sólo la del Grupo Socialista tenía posibilidades de prosperar. Las de IU, Nueva Izquierda y el Bloque Nacionalista Galego, todas ellas más radicales, naufragaron con diez votos de diferencia en su contra.La socialista Amparo Rubiales llegó a la tribuna con cierto aire guerrero y empezó por querer toparse con la iglesia, al asegurar que el ambiente de estos días le recordaba el clima de 1983, cuando se aprobó la primera despenalización de algunos supuestos de aborto. Según ella, en esta ocasión, como entonces, se ha oído "ruido de casullas".

Amén de esta andanada, Rubiales hizo transitar su discurso, fundamentalmente, por el desfiladero de la libertad: "Queremos ser libres y tolerantes". "No se obliga a nadie a nada".

Luego, se centró en tratar de demostrar incoherencia e hipocresía en las filas del PP, a cuyos diputados acusó de haber votado en la comisión de Sanidad a favor de la píldora abortiva RU-486 y de no haber planteado la reforma de la ley vigente sobre el aborto desde que llegaron al Gobierno. "¿En qué quedamos?", preguntó a los diputados populares. La respuesta larga y cumplida se la dio más tarde Mercedes Fernández, al argumentar que el compromiso electoral de su partido consistía exactamente en mantener los supuestos de despenalización vigentes.

Rubiales insistió en que sólo intentan ayudar a resolver un terrible problema que afecta a muchas mujeres, que su proposición no es abortista, que la sociedad española acepta pacíficamente la despenalización y que el proyecto socialista no es sino una copia fundamentalmente del modelo que rige en Alemania y otros países europeos.

Como la tarde iba de aborto, el machismo enseñó las orejas en la tribuna y, salvo el BNG, cuyos dos diputados son varones, el resto de los grupos envió a mujeres para defender sus posiciones.

María Jesús Aramburu, en nombre de IU, arrancó su discurso y lo sostuvo con una inusual vena lírica, en los usos parlamentarios. Lírica en la forma, comedida y dura en el fondo, aseguró que pretendía "ganar la batalla a la irracionalidad". Su posición frente a las críticas de la iglesia católica fue respetuosa, pero contundente: "A finales del siglo XX no se puede restituir el derecho canónico como derecho común" porque "el Estado no se puede confundir con ninguna confesión religiosa".

También insistió en que la suya no era una propuesta abortiva ni de control de la natalidad, y sorprendió a todos con una singular metáfora. Afirmó, y repitió, que su proposición es "blanda con las espigas y dura con las espuelas". Ya sin figuras retóricas, sentenció que "no se puede obligar a ser madre".

Cristina Almeida, otra mujer, en nombre de Nueva Izquierda, del Grupo Mixto, introdujo algunas aristas en el debate aunque diluidas en el tono populista que imprimió a su discurso.

Dijo que estaba triste, y agregó: "Hemos vuelto a las trincheras, a una España que ya habíamos olvidado", en referencia a las agudas tensiones que la ampliación del aborto ha provocado en algunos sectores sociales.

Utilizó el ambiente de crispación de los alrededores del Congreso para expresar que ella no tenía por qué pasar por delante de gente que la llame asesina; y volvió, como sus antecesoras, a la crítica frente a la postura de la Iglesia, que consideró como una "intromisión". Atizó más de un mandoble parlamentario a la derecha, al oscurantismo de algunos sectores políticos y sociales, y recordó que durante el franquismo "con tanta iglesia, con tanta dictadura, y con tanta muerte, había 300.000 abortos", según datos de Fernando Herrero Tejedor, fiscal general del Estado, en la última etapa del anterior régimen.

Guillerme Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego (BNG) se sumó a los argumentos anteriores, con brevedad, y dio paso a que Mercedes Fernández, en nombre del Grupo Popular, volviese a mostrar sus dotes de parlamentaria, moderada en la forma y firme en sus argumentos, que concentró en descalificar la peripecia parlamentaria del PSOE respecto al aborto.

En definitiva, les espetó que cuando gobernaban no fueron más allá de lo que hay ahora en el Código, y que sólo presentaron un proyecto ampliador de la despenalización cuando las Cortes se iban a disolver y no había tiempo para tramitarla. Mercedes Fernández concluyó con una breve referencia al plano legal de la proposición socialista, de la que dijo que plantea problemas jurídicos, y bordea la doctrina establecida por el Constitucional en su sentencia de 1985.

Calló que esa sentencia -se lo había recordado la socialista Rubiales- se pronunció porque Alianza Popular -denominación anterior del PP- recurrió ante el Constitucional la reforma despenalizadora del aborto, que el Congreso, con mayoría absoluta socialista, había aprobado dos años antes. El tiempo que lograron paralizar su entrada en vigor.