La Diputación garantiza la legalidad del plan urbanístico de la incineradora

La Diputación vizcaína descartó ayer que el plan urbanístico para construir la planta incineradora en Bilbao incumpla la ley. "La legalidad está protegida", garantizó el titular de Urbanismo, Josu Montalban, quien reveló que, a falta de nueve días para que finalice el plazo de alegaciones, se han presentado tres recursos. La oposición calificó de "dudosa legalidad" el plan aprobado en junio por la Diputación y censuró que haya asumido una tarea que correspondía al Ayuntamiento de Bilbao.

La comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Vizcaya volvió a ser foro de debate sobre la polémica incineradora, un proyecto de 23.400 millones que tratará 300.000 toneladas de basura anuales y cuyas obras comenzarán a finales de año, si se cumplen las previsiones. Josu Montalban acudió para explicar el plan urbanístico, que estuvo paralizado casi un año y en principio iba a ser aprobado por el Ayuntamiento de Bilbao, municipio donde se ubicará la infraestructura. Sin embargo, la entrada de IU en el nuevo equipo de gobierno y su oposición al proyecto hizo que el llamado Plan Especial lo tramitase la Diputación. Este aspecto fue especialmente criticado por los grupos de la oposición IU y HB. "Ha habido una maniobra de dudosa legalidad que ha permitido a Urbanismo entrar [en la tramitación del plan]", señaló José Ferrera, portavoz de IU. "Hay un papel oscuro por parte de la Diputación. El debate tenía que haber sido en el Ayuntamiento y el departamento de Urbanismo lo ha evitado", espetó Txema Pico, de HB. Ferrera aventuró la ilegalidad del plan en lo referente a la ley de actividades molestas, que obliga a respetar una distancia mínima de dos kilómetros respecto a núcleos urbanos, mientras que Pico aludió a los problemas de salud pública que acarrean estas instalaciones, la "dudosa legalidad" y la existencia de "un negocio privado detrás de todo". El diputado de Urbanismo se refirió a los informes de legalidad elaborados por su departamento y el de Medio Ambiente para avalar el Plan Especial. "La legalidad está protegida. El departamento va a proteger y defender la legalidad. A partir del día 30 [plazo en que acaba el periodo de alegaciones] se podrá decir algo más". Intermodal Montalban remarcó que su competencia es sobre las características urbanísticas de la zona, "que son 100 hectáreas, de las que sólo 7,5 corresponde a la planta de valorización energética" y eludió debatir sobre qué institución tiene que tramitarlo, aunque el día en que la Diputación aprobó el Plan Especial defendió que el Ayuntamiento bilbaíno "tenía que haber apechugado con esto". Con los datos aportados ayer, al menos se presentarán cinco alegaciones diferentes al plan urbanístico de la incineradora. A las tres anunciadas por Montalban -"pertenecen a dos asociaciones y un particular"- se añadirán las de la plataforma ecologista Biz-kaia Bizirik, anunciadas la pasada semana, y del grupo de IU, según confirmó su portavoz. En la misma sesión, el diputado de Transportes, Martín Martínez, informó de la situación de la estación Intermodal, que integraría en un solo recinto todos los transportes públicos de Bilbao, con un coste de 40.000 millones y proyectada desde hace 8 años. Martínez relató los contactos que se mantienen con el Ministerio de Fomento, pero no concretó plazos. "No me voy a a comprometer a nada y voy a dejar que se siga trabajando". IU censuró la falta de coordinación de la Diputación con Fomento y HB pidió que se paralice la aportación de fondos anuales a la sociedad Gesprosa, que se encarga de la gestión del proyecto. Su portavoz, Txema Pico, criticó la actitud de Martínez por no escuchar su intervención en euskera -el diputado foral no utilizó el servicio de traducción- y le llamó "estúpido y chulo".