El órdago de la Viagra

LA RECIENTE autorización del fármaco Viagra como tratamiento contra la impotencia por parte de la Comisión Europea, y su próxima comercialización en España -probablemente en octubre-, ha colocado sobre la mesa de las autoridades sanitarias un verdadero órdago. La nueva droga, cuya acomodación en los sistemas públicos de salud europeos ha abierto ya un acalorado debate, inaugurará además una situación -pagar o no pagar- que sin duda se va a repetir pronto con otros medicamentos que asoman en el horizonte inmediato, por ejemplo, los que se han ensayado con bastante eficacia clínica en el combate de la obesidad o el refuerzo de la memoria.Si se aplicaran los criterios que hasta ahora han regido para la aprobación y financiación pública de los nuevos fármacos, la Viagra debería autorizarse sin ninguna restricción con cargo a la Seguridad Social, ya que es un tratamiento cuya eficacia está probada y que presenta ventajas manifiestas sobre otras terapias alternativas. Desde la vertiente del gasto público, sin embargo, el problema de la nueva droga contra la impotencia radica en su enorme proyección no sólo como producto capaz de corregir disfunciones orgánicas, sino como medicamento de confort o de estilo de vida; en un ámbito, el de la sexualidad, especialmente subjetivo. Este potencial hace que las expectativas de consumo, y de abuso, de la nueva droga se disparen hasta cifras que pueden hacer tambalearse los presupuestos sanitarios.

Los expertos estiman que si no se aplican restricciones, la factura pública de la Viagra en España, donde hay dos millones de hombres con algún problema de disfunción eréctil, puede superar los 100.000 millones de pesetas anuales, sobre un presupuesto que este año ha sido de 830.000. Cifra ésta considerada inasumible por las autoridades sanitarias y el sentido común. De aprobarse la financiación sin límites de la Viagra, sería obligado plantearse simultáneamente qué otros capítulos se reducen para pagar el nuevo y caro medicamento. Y, aun en el improbable caso de que se pudiera incrementar el presupuesto sanitario en esa cifra astronómica, cabría preguntarse si ese dinero no estaría mejor empleado en cubrir necesidades ahora insuficientemente atendidas: por ejemplo, en mejorar las dotaciones asignadas a la radioterapia o intensificar la prevención de los cánceres de mama y de próstata, lo cual salvaría la vida de muchas mujeres y hombres.

Es obvio que el sistema sanitario público no puede financiar la Viagra para todos en cualquier circunstancia. Pero también parece claro que no hay argumentos de peso para que un medicamento de clara utilidad terapéutica quede totalmente excluido de la Seguridad Social; por la misma razón deberían entonces retirarse muchos de los fármacos que actualmente figuran entre los de mayor prescripción, como por ejemplo el antidepresivo Prozac. Establecer un sistema de financiación selectiva de la Viagra parece, pues, la solución menos mala. Aunque acarree necesariamente el delicado problema de dónde establecer el límite.