La ampliación al cuarto supuesto depende del voto en conciencia de veinte diputados

El Congreso decide esta semana si la última palabra sobre la interrupción voluntaria del embarazo corresponde a las mujeres. Es la principal modificación que pretenden introducir el PSOE, Izquierda Unida, el Bloque Nacional Galego y Nueva Izquierda en la actual ley del aborto, que el Parlamento debatirá el próximo martes. Socialistas y populares tienen definido el sentido de su voto, al igual que IU, el Grupo Mixto y Uniò Democrática de Catalunya. Pero ninguna alianza alcanza la mayoría. Necesitan el respaldo de los 20 diputados que votarán en conciencia.

Ellos decidirán si los tres supuestos de la actual legislación del aborto -violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre- resultan suficientes o si, por el contrario, se precisa añadir "el conflicto personal, familiar o social".Sobre estos parlamentarios -once de Convergència, cuatro de Coalición Canaria y cinco del PNV- recaen en las horas previas al debate las presiones de los antiabortistas y el escrutinio de los partidos, que tratan de adentrarse en sus conciencias para adivinar el resultado de la votación.

El catalán Francesc Homs se abstuvo en el último debate sobre la ampliación del aborto. Nada ha dicho sobre sus convicciones éticas en esta ocasión. El PNV, que en principio permite el voto en conciencia a sus cinco parlamentarios, se está planteando la posibilidad de imponer el apoyo a las tesis del PP. En este sentido, la única mujer del grupo, la diputada Margarita Uría, comenta: "Sólo puedo decir que me gustaría votar en favor de la ampliación, pero al final tendré que hacer lo que diga mi grupo".

Uría y los otros dos parlamentarios peneuvistas que han apoyado en anteriores ocasiones la propuesta del PSOE - Caballero y González de Txabarri- están recibiendo desde hace dos semanas centenares de cartas de los antiabortistas. A los peneuvistas les recuerdan sobre todo que son un partido católico. A los de Convergència, que representan a las familias.

Presión intensa

La presión sobre los diputados que votarán en conciencia está resultando particularmente intensa, aunque no son los únicos. En los últimos días los casilleros de los legisladores se han visto inundados de faxes e informes contrarios a la ampliación de la ley. A la portavoz de IU, Rosa Aguilar, un ama de casa le escribe: "Recuerde que usted también ha sido un embrión". Otra insiste en que "la libertad de una madre termina donde empieza la de su hijo" y una tercera advierte: "Piense que el índice de natalidad es vergonzoso. No tenemos hombres y mujeres para el 2000".No todas las misivas están redactadas en términos respetuosos. Algunas reproducen el lenguaje tremendista de los obispos: "Matar a mansalva no contribuye al progreso de la nación". "Se emperran en el aborto cuando se podrían arbitrar medios para evitar el asesinato", espetan. "Usted es una chica lista y si quisiera, ese piquito de oro podría emplearlo en mejores causas. Lástima que se degrade con esta matanza", redondea otra.

Los obispos tampoco se quedan atrás. A última hora del jueves, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Asenjo Pelegrina, remitió sendas cartas a José Borrell y Julio Anguita advirtiéndoles de la presunta inconstitucionalidad de sus iniciativas parlamentarias. Asenjo, obispo auxiliar de Toledo, adjuntaba documentación sobre esta interpretación de la Carta Magna.

Probablemente ni Anguita ni Borrell hayan variado un ápice sus posiciones. Los socialistas opinan que la legislación resulta insuficiente y adolece de un grave inconveniente: deja en manos de losmédicos-psiquiatras preferentemente- la decisión última de abortar. Según la ley que presentó el Gobierno de Felipe González en 1983, el "peligro para la salud psíquica de la embarazada" requiere la conformidad de "otro médico diferente al que practique la intervención". Con su actual propuesta, el PSOE otorga a la mujer la voluntad de interrumpir el embarazo después de haber recibido asesoramiento ante su problema. IU, el Bloque y NI van un paso más allá y prolongan el plazo para abortar.

Los portavoces de los grupos parlamentarios son conscientes de la repercusión social del pleno del martes y de lo incierto de su desenlace. Por eso han dado orden a los diputados de que anulen cualquier compromiso que les impida estar presentes en el hemiciclo. Quienes tenían previsto participar en la Asamblea del Consejo de Europa en Estrasburgo han excusado su asistencia. Y la junta de portavoces aplazó una semana el debate para que coincida con el regreso a España del presidente Aznar, en viaje oficial a Colombia y Perú. Ninguno ha olvidado que la votación sobre una propuesta idéntica concluyó en febrero con un triple empate. Felipe González, avisado de lo que estaba ocurriendo en el hemiciclo, no pudo hacer nada: llegó al tercer recuento con diez minutos de retraso. Ahora temen que aquel callejón sin salida pueda repetirse. El PP ha advertido a sus diputados de que la disciplina de voto no admite excepciones. Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga, se ha dado por aludida y se ha apresurado a aclarar: "Votaré como manda mi grupo".

Los parlamentarios de Izquierda Unida confían en ganar la votación. Los populares están seguros de lo contrario y el PSOE apuesta por el empate. Por eso cobra especial relevancia la deserción en su propio partido de Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña. Vázquez, católico practicante, interrumpió la reunión de la ejecutiva socialista del pasado lunes para advertir: "No me someteré a la disciplina del partido aunque se me exija". Nadie lo ha hecho. A la cúpula del partido, en plena conmoción por el encarcelamiento de Vera y Barrionuevo, le sorprendió la intervención un tanto extemporánea de Vázquez.

Pero a sus compañeras de filas ha conseguido irritarlas. La portavoz en el debate, Amparo Rubiales, no ha podido reprimir un comentario ácido: Vázquez debió haber leído en su día el programa electoral del PSOE.