La oposición malagueña fuerza a demoler en 30 días el exceso de altura de un edificio de lujo

La piña que hicieron PSOE, IU y Grupo Mixto permitió sacar adelante ayer una moción que obliga al Ayuntamiento de Málaga a demoler en 30 días el exceso de altura de un edificio de lujo que se construye en el monte de El Morlaco, infracción urbanística que el equipo de gobierno municipal pretendía zanjar con una sanción económica de ocho millones de pesetas. La multa, que el PP defendió en el pleno como una salida "razonable, constructiva y proporcional", fue desechada por la oposición, que sumó sus votos y dejó en minoría a los populares.

Desde el Grupo Mixto se argumentó que aceptar la sanción económica "animaría a los promotores a cometer infracciones urbanísticas", ya que con la venta del exceso de construcción, éstos podrían liquidar la multa y aún así obtener un jugoso beneficio. Para el PSOE, la penalización propuesta por los populares sería la única salida si el edificio estuviera habitado, "pero todavía está en obras y estamos a tiempo de restituir la legalidad", argumentaron los ediles socialistas. Izquierda Unida recordó que la licencia se aprobó por unanimidad pero con una serie de condiciones que fueron incumplidas por la constructora Noriega, empresa a la que IU acusó de vulnerar ocho ordenanzas municipales. "La obra es ilegal y la única salida es la demolición", concluyó Fabián García, concejal de la coalición. Obra paralizada La construcción de Quinta Clavero, un edificio de lujo con magníficas vistas al mar, se encuentra paralizada desde hace más de un mes porque el edificio supera casi 1,5 metros la altura estipulada para las viviendas de la zona. La alcaldesa, la popular Celia Villalobos, dejó claras las razones por las que su grupo municipal se oponía a echar abajo la planta construida de más en Quinta Clavero: "Según los informes jurídicos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo, la demolición no es posible legalmente porque se produce un recurso que normalmente ganan los recurrentes y que obliga al Ayuntamiento a pagar una cantidad de dinero importante". Villalobos negó que el departamento de Urbanismo haya actuado con favoritismo hacia la constructora. "No protegemos a ningún empresario", enfatizó la alcaldesa. Hubo otro tema que, aunque no llegó al pleno, ayer marcó el pulso municipal. Partido Popular y PSOE avanzaron que buscarán puntos de encuentro para desbloquear la remodelación de la estación de trenes de la ciudad (Plan Renfe). En abril, los grupos de la oposición aceptaron el proyecto, pero lo condicionaron al soterramiento de las vías. La presión de 40 asociaciones vecinales, de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios para no se pierda la inversión del Plan Renfe ha surtido efecto. El Partido Popular elaboró una moción que contemplaba el soterramiento, pero la retiró horas antes del pleno, tras recibir una contraoferta del partido socialista. Reinvertir plusvalías Los socialistas están dispuestos a desbloquear la remodelación de la terminal ferroviaria si Renfe se compromete a reinvertir parte de sus plusvalías en el soterramiento de las vías. Según esta propuesta, los beneficios que obtenga la empresa estatal con la construcción del hotel y los aparcamientos se destinarían a cofinanciar la reforma de la estación. El resto sería sufragado con fondos Feder y recursos del Estado. Pero las plusvalías que generen las viviendas y la zona comercial proyectadas en el entorno deberán cubrir el coste del soterramiento. Las ofertas están sobre la mesa y comenzarán a negociarse a partir del lunes que viene. La alcaldesa no ocultó su satisfacción por la postura dialogante del PSOE: "Me alegra el sentido de la responsabilidad del grupo socialista. Es una buena noticia para Málaga". Celia Villalobos confió en que puedan encontrarse puntos de acuerdo y que en el próximo pleno del mes de octubre el Plan Renfe obtenga luz verde. La empresa Riofisa, responsable del proyecto, comunicó hace varias semanas al Ayuntamiento que mantenía su oferta de invertir 5.000 millones hasta finales de septiembre. Dada la posibilidad de que encuentre una salida negociada, la alcaldesa pidió ayer un aplazamiento