La oposición mexicana reclama un urgente pacto con el Gobierno

La oposición mexicana ha convocado al presidente, Ernesto Zedillo, a un pacto nacional de gobernabilidad para afrontar el daño causado por las actuales turbulencias financieras internacionales y conciliar posiciones sobre dos asuntos que impiden la normalización política del país y bloquean los trabajos legislativos: la crisis de Chiapas y la propuesta oficial de convertir en deuda pública los 65.000 millones de dólares (10 billones de pesetas) empleados en el rescate bancario de 1995.

La acentuada depreciación del peso respecto al dólar, las caídas de la Bolsa, la sideral subida de los tipos de interés, el abaratamiento del crudo, la retracción inversora y la salida de capitales se suman a las disputas políticas y problemas propios de una democracia en transición. El batido resultante es de amargo consumo y peor digestión.Felipe Calderón Hinojosa, presidente del opositor y conservador Partido de Acción Nacional (PAN), toca a rebato. Las convulsiones registradas, afirma, conducen a México a una "situación dramática" y reclaman un pacto porque el país "corre el riesgo de la ingobernabilidad por la exacerbación de los enconos". En parecidos términos se pronuncia el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierdista) y la amonestación del presidente de la Comisión Pastoral Social del Episcopado Mexicano, Jacinto Guerrero, es catastrofista. "El país se nos desbarata en las manos".

A parte del oportunismo político, o los tremendistas enunciados eclesiásticos en la exposición del trance, lo cierto es que México atraviesa dificultades cuyo desenlace inquieta. Portavoces del Gobierno y del sector bancario y empresarial reiteran que el margen de maniobra todavía es amplio y existen mecanismos para contrarrestar los avatares en curso. Sin embargo, y como muestra un botón, el subsidio a la popular tortilla -el pan mexicano, elaborado con trigo o maíz- se reducirá en 70 millones de dólares (10.500 millones de pesetas), como consecuencia de los recortes presupuestarios.

Calderón Hinojosa sostiene que el acuerdo ofrecido deberá concretarse este año, pues en caso contrario no habrá tiempo ya que, en el próximo, arrancan los procesos internos partidistas previos a las elecciones presidenciales del año 2000. "Debemos entender que cualquiera puede ganar las elecciones, y los tres partidos deberíamos estar interesados en recibir un país en condiciones de estabilidad y certidumbre". El desertor priísta y excomisionado para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís, fundador del Partido de Centro Democrático (PCD), también defiende esa agrupación de fuerzas, pero considera improbable que su constitución sea aceptada. "La red de intereses del PRI mantiene atrapado al país", acusa. "Hay muchos datos en la realidad que nos dicen que no es voluntad del Gobierno el pacto".

Injusticia e inestabilidad

El expresidente de la República, Miguel de la Madrid, empeñado en no desaparecer de la escena política, alerta a su vez contra fenómenos de inestabilidad de no ganar terreno la justicia a la pobreza y a las diferencias sociales.Por el Gobierno, el ministro del Interior, Francisco Labastida, insta a la cordura. "Cuando se dice pacto de gobernabilidad se está diciendo que no hay gobernabilidad. Y sin lugar a dudas, sí hay gobernabilidad. Lo que tenemos que hacer es desatascar los problemas que estamos viendo y qué es lo que nos impide en su solución".

Mientras tanto, y a la espera de que la distensión legislativa permita la aprobación de los proyectos de ley encaminados a la modificación de los organismos de control financiero, México maniobra sobre la marcha para atenuar los efectos de una crisis que zarandea toda América Latina.

El Ejecutivo insiste soltar cuanto antes el fardo de los 65.000 millones de dólares (unos 10 billones de pesetas) invertidos por Hacienda hace tres años para salvar al país de la bancarrota. Propone convertirlos en deuda pública, esto es, a sufragar por todos los contribuyente, pero la oposición -con mayoría en la Cámara de Diputados- niega endosar a la población el pago y exige además el procesamiento y castigo de quienes se lucraron con aquella operación de salvamento. Subordinados al término del rifirrafe sobre Chiapas y al pago de la millonada, duermen el sueño de los justos numerosas iniciativas legislativas.

De todas formas, el presidente aseguró estar más preocupado por la caída de los precios del cereal que por los vaivenes bursátiles. Un 75% de los pobres mexicanos vive en el campo y seis de cada 10 campesinos reciben menos del salario mínimo, tres dólares diarios (unas 450 pesetas). México tiene 96 millones de habitantes, de los que 14 padecen pobreza y dependen de empleo informal. Otros 26 millones son pobres de solemnidad. Once millones de este último grupo habita en zonas rurales de población indígena.

La situación no permite el optimismo a corto plazo. La onda expansiva del descalabro ruso-asiático ha depreciado el peso, incrementado los tipos de interés bancarios y la deuda interna se ha disparado. Las economías familiares y el sector empresarial de una nación cuya estabilidad es clave para la del resto de Latinoamérica acusan ya los embates.

Y para colmo de desgracias, el chorro de dinero que exigirá la recuperación de la costa de Chiapas, asolada por las inundaciones, la muerte y la angustia de las más de 500.000 personas aisladas, y de otras tantas arruinadas o seriamente afectadas por las riadas. "Nos han quitado todo, hasta nuestros muertos", se lamentaba quien los perdió arrastrados por la corriente.