Propuesta de 100 millones de sanción a la empresa del agua de Córdoba

La Delegación de Trabajo e Industria de Córdoba ha propuesto al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que imponga una sanción de 100 millones de pesetas a la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) por el supuesto cobro indebido de las tarifas de agua potable desde 1996. El gerente de Emacsa, Rafael Vigueras, recibió ayer la notificación en la que el delegado de Trabajo, Antonio Poyato, le informa de que ha hecho esa propuesta de resolución ante el Gobierno regional, a la vez que le comunica el plazo para presentar alegaciones. De esta forma culmina el expediente sancionador abierto por la Delegación de Trabajo e Industria tras la denuncia hecha en marzo de 1998 por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba sobre supuestos cobros indebidos en las tarifas de agua. En aquella fecha, el portavoz municipal del PSOE, José Mellado, afirmó que Emacsa había cobrado indebidamente a sus usuarios alrededor de 500 millones de pesetas por haber aplicado a las facturas tarifas superiores cada vez que sobrepasaban los bloques establecidos; tarifas, además, que no se correspondían con las publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, ha informado recientemente por carta al alcalde de Córdoba, Rafael Merino, sobre que no se produjo ningún error en la publicación de las tarifas en el BOJA, ya que las mismas coinciden con la propuesta hecha en su día por la Comisión de Precios de Andalucía. Por su parte, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) considera que Emacsa ha cobrado de más a 35.000 abonados y pide que la empresa sea sancionada. Si no devolviera esta cantidad, la UCE anima a los usuarios a reclamar individualmente el reintegro de lo supuestamente cobrado. No obstante, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido esperar a que los tribunales decidan sobre el contencioso planteado contra las tarifas que fueron publicadas en el BOJA para devolver o no lo que el PSOE y la UCE considera "cobrado indebidamente".