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La oposición tacha de "escándalo" que Sanidad concierte con firmas próximas a cargos del PP

Los grupos de la oposición criticaron ayer duramente la vinculación de cargos del PP con empresas con las que el Consell tiene alguno tipo de concierto. Mientras el PSPV asegura que la cúpula de la Consejería de Sanidad "es un grupo de amigos dedicados a obtener beneficios del sistema sanitario valenciano", EU y NE denuncian el trato de favor, por parte del gobierno, hacía las empresas de "sus amigos", por lo que pedirán explicaciones al consejero Joaquín Farnós. Albert Taberner, de NE, considera que el plan de choque contra las listas de espera es "una burla y una estafa".

En palabras de Taberner, "está claro que la política sanitaria del PP se basa en establecer conciertos con la privada más allá de lo razonable". El portavoz de Nova Esquerra consideró ayer que el hecho de que en esta política primen las relaciones de amistad "es desde todo punto criticable" y, tras recordar que la política está para favorecer los intereses colectivos, calificó de "escándalo político" que el gobierno valenciano este favoreciendo los intereses de sus amigos. En relación con la vinculación que mantuvo en su día el subsecretario de la Consejería de Sanidad, Rubén Moreno, con una empresa que figuraba entres los accionistas del grupo Nisa (propietario del hospital privado que más enfermos ha recibido desde el inicio del plan de choque contra las listas de espera) Taberner señaló que el plan de choque es "una burla y una estafa, que lo único que persigue es que una parte del presupuesto de la Generalitat vaya a parar a las clínicas privadas, con la excusa de las listas de espera". Taberner, que entiende que una medida coyuntural como esa no debió durar más de un año, denunció además las dificultades a la hora de controlar algunas acciones de un gobierno "al que le importa muy poco la transparencia y opta por la opacidad" y criticó que cada vez que un diputado pide algún dato en las Cortes Valencianas, es remitido a las distintas consejerías "lo que dificulta mucho el control". Taberner añadió que "no sirve decir que uno se desvinculó de determinada empresa (en alusión al Subsecretario de la Consejería de Sanidad), porque son las empresas de l os amigos las que siguen recibiendo beneficios de los contratos con administración", y afirmó que su grupo parlamentario pedirá la comparecencia del consejero Joaquín Farnós para que explique qué razones existen para seguir enviando enfermos a clínicas privadas. "Práctica generalizada" Por su parte, Glòria Marcos, de Esquerra Unidad, aseguró ayer que el hecho de que haya determinadas personas de las cercanías del PP vinculadas a empresas que luego contratan con la Generalitat es algo que su grupo venía denunciando hace tiempo y que cada vez que ha hecho preguntas al respecto no ha tenido respuestas satisfactorias por parte del gobierno. Marcos señaló que "hay una práctica generalizada por parte del PP y personas vinculadas al gobierno que consiste en beneficiarse de una situación privilegiada a la hora de contratar con el gobierno valenciano", y añadió: "buena parte del PP esta en política para enriquecerse a través de un trato de favor por parte del gobierno de Zaplana". A su juicio, el aprovechamiento del cargo público que uno ocupa para beneficiar a sus amigos "es algo feisímo", sobre todo cuando "no existen los controles necesarios para este tipo de cosas". Marcos recordó además que cuando el PP llegó al poder hizo apuestas públicas por recuperar la vida ética del país "Y está claro que era falso". Desde la Secretaría de Salud del PSPV-PSOE, José Mayans, señaló que "desde la llegada del PP al poder, la sanidad de los valencianos no sólo no ha mejorado, sino que han mejorado ostensiblemente los negocios que hacen algunas empresas con la Consejería de Sanidad. Está claro que la cúpula de Sanidad son un grupo de amigos dedicados a rentabilizar al máximo algunas empresas y obtener beneficios económicos del sistema sanitario valenciano". Mayans considera que es un asunto muy preocupante la relación directa o indirecta de cargos directivos y legislativos con empresas sanitarias privadas y cree conveniente que el consejero de Sanidad ofrezca una explicación al respecto, "¿O es que no puede darla?", concluyó.

Bordear la legalidad

José Mayans, que formó parte del equipo del consejero Joaquín Colomer durante el mandato socialista de Joan Lerma al frente de la Generalitat, señala que "la critica más constante y sólida que en materia sanitaria se le hace al Partido Popular en los tres años que lleva de gobierno en la Comunidad Valenciana es la de convertir la salud de los ciudadanos en un negocio para sus amigos", y pone como ejemplos los conciertos sanitarios, el plan de choque para eliminar las listas de espera o el hospital de Alzira, que será inaugurado el año que viene. "A estas críticas", dice, "el consejero Joaquín Farnós no contesta, lo hace falseando datos, o en último caso dice que la Administración anterior lo hizo peor". A su juicio, el dinero que reciben algunas empresas vinculadas directa o indirectamente a cargos del PP, es una situación que "bordea la legalidad" y entra en el terreno de la "ética y la estética". Mayans añade: "Sería conveniente, para preservar la imagen de las instituciones, que el consejero Joaquín Farnós diera una explicación". Glòria Marcos, por su parte, considera igualmente que algunas de estas situaciones, como las denunciadas estos días por este diario sobre la relación del subsecretario de Sanidad, rubén Moreno, con una empresa que tiene acciones en el grupos de sanidad privada que más factura al Consell, "suponen forzar la legalidad y demuestran un comportamiento no ético por parte del gobierno". En este sentido, Marcos señala que "tampoco es ilegal que Zaplana cobre un sobresueldo por una vivienda". "Si entendiéramos que algunas de estas vinculaciones de cargos del PP con empresas concertadas fueran ilegales iríamos a los tribunales", añade la diputada de Esquerra Unida.

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