CiU defiende ahora la prolongación de los peajes con los mismos argumentos que rechazó en 1990

Lo que son las cosas: CiU ha pasado a defender la rebaja de los peajes en las autopistas, a cambio de la prolongación de las concesiones, con la fe del converso. Hasta la llegada de Artur Mas al Departamento de Obras Públicas, la doctrina oficial de la coalición fue rechazar cualquier tipo de prolongación en las concesiones, aunque, eso sí, sólo para las autopistas dependientes del Gobierno central. En las propias, el Gobierno catalán autorizó repetidamente la ampliación de las concesiones, los aumentos de peajes e incluso ambas cosas a la vez, sin contrapartidas para el usuario.

La fecha clave es el 22 de marzo de 1995. Ese día el actual consejero de Economía, Artur Mas, que entonces lo era de Política Territorial y Obras Públicas, propuso rebajar los peajes de las autopistas y prolongar las concesiones. Nadie le contradijo y la sugerencia caló entre los dirigentes de la coalición hasta convertirse en doctrina, sancionada hace unos días por el propio presidente del Ejecutivo, del partido y de la coalición, Jordi Pujol, que se negó a sí mismo sin necesidad de que el gallo cantara tres veces. CiU no sólo había defendido lo contrario en declaraciones públicas, sino que había convertido su postura en proposición de ley, aprobada en el Parlament en noviembre de 1990, además de haber recurrido a los tribunales para impedir que el Gobierno central negociara con ACESA un peaje blando a cambio de más años de concesión en la autopista del Maresme. Pujol fue taxativo y calificó este hecho de "engaño a los catalanes". El momento más sorprendente de la guerra desatada por CiU contra la prolongación de los peajes de produjo en diciembre de 1990. El consejo nacional de Convergència Democràtica decidió apoyar el combate legal contra la prolongación de las concesiones llevado a cabo por el Ejecutivo de Jordi Pujol con una declaración formal. En ese momento, uno de los consejeros de CDC, Joan Manuel Basáñez, que ya estaba al frente de ACESA, se ausentó de la sala para evitar que sus intereses como directivo de la concesionaria entraran en colisión con sus convicciones como militante convergente. CiU había protagonizado otro episodio singular en mayo de ese mismo año en la Diputación de Barcelona. Sus diputados presentaron una moción para reclamar que la autopista del Maresme fuera gratuita. El resto de los grupos aceptó votarla, añadiendo que se incluyeran en el paquete de la gratuidad las autopistas dependientes de la Generalitat. La proposición fue aprobada por el pleno de la Diputación, pero CiU se abstuvo. Y es que la oposición de CiU a la prolongación de las concesiones sólo era válida para las autopistas dependientes del Gobierno central, pero no regía para las concesiones que otorgaba el Gobierno catalán. El argumento formal es que las obras propiciadas desde la plaza de Sant Jaume son imprescindibles para el reequilibrio territorial. Aumento del 20% Sobre este razonamiento se apoya la política de autopistas del Ejecutivo que encabeza Jordi Pujol. Política que se tradujo, en mayo de 1989, en la autorización a la empresa concesionaria de la explotación del túnel del Cadí de un aumento del peaje del 20% al mismo tiempo que se prolongaba cuatro años la concesión. En junio de 1990, el Gobierno catalán aprobó un aumento del 25% del peaje de la autopista Terrassa-Manresa aduciendo que en ella el tráfico era escaso y claramente inferior al previsto. Pero la decisión más polémica se produjo en 1993 y afectó también a la autopista Terrassa-Manresa: se prolongó la concesión 15 años, el máximo legal, sin contrapartidas de ningún tipo para nadie. La oposición calificó la medida de ilegal y reclamó explicaciones en el Parlament. Las dio el entonces titular de Política Territorial, Josep Maria Cullell. La medida, dijo, buscaba el interés público. La diputada socialista Rosa Martí sigue sin comprender en qué contribuye al interés público que una empresa privada gane más o menos dinero. Y así se llegó a la nueva etapa: Artur Mas propuso la nueva fórmula: menos peaje, pero más años, y todos la aceptaron como se se hubiera descubierto el misterio del huevo de Colón. Desde aquel lejano 1995, los anuncios de las rebajas se han repetido una y otra vez, uno y otro mes, con variantes distintas. Primero fue la rebaja del IVA, reclamada por CiU, y luego la congelación de los peajes, anunciada por el ministro de Fomento Rafael Arias Salgado en marzo de 1997. El IVA bajó un 9% (del 16% al 7%) en septiembre del pasado año, pero el hecho quedó ligeramente oscurecido porque al mismo tiempo se aplicó el aumento congelado durante unos meses. El resultado fue una reducción de en torno al 6%. El pasado mes se anunció el acuerdo entre Fomento y ACESA, bendecido por el Gobierno catalán, para rebajar peajes cercanos a Barcelona a cambio de prolongar la concesión. Esta vez no todos están contentos. Los residentes en Tarragona, Lleida o Figueres se preguntan por qué tienen que pagar más años a cambio de una rebaja en Sant Cugat, Mollet o Martorell.