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Tregua o paz

Joaquín Almunia

"Cuando la piscina tenga agua, me arrojaré a ella", dijo Aznar, "pero de momento está seca". "Es verdad", reconoció Arzallus, "pero déjame trabajar para llenarla". "Soy escéptico y no te ayudaré en esa tarea, pero si lo consigues no dejes de avisarme", añadió Aznar dando por zanjada la conversación.Cuentan que un diálogo de esas características tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa, durante una visita del máximo dirigente del PNV al Presidente del Gobierno. Arzallus abogaba por mantener contactos con ETA y su entorno para explorar la posibilidad de acabar con el terrorismo por una vía dialogada, y, pese a su escepticismo, Aznar dejó a su socio parlamentario las manos libres para que lo intentase por su riesgo y ventura.

Entretanto, PP y PNV han mantenido a lo largo de la legislatura una relación estrecha y fructífera en todos los campos de la acción parlamentaria y de gobierno salvo en materia de política antiterrorista. En este terreno discrepan manifiesta y rotundamente, si bien no parecen preocupados ni uno ni otro al airear sus diferencias.

¿Qué consecuencias se derivan de ese reparto de papeles? ¿Cómo compatibilizar los ataques del PNV a Mayor Oreja con las sonrisas de complicidad entre Arzallus y Álvarez Cascos? ¿Sabe el Gobierno de qué hablan últimamente el PNV y HB? ¿Han llegado ya éstos a algunos acuerdos, a espaldas de los demás partidos democráticos? ¿Qué pasaría si un acuerdo de ese tipo propusiese romper el marco constitucional y estatutario? Esas preguntas no son retóricas. En el País Vasco están sucediendo cosas que no es posible minusvalorar, muchas de las cuales tienen que ver con el cambio de estrategia del PNV, y no sólo con la presunta fragilidad del mundo de la violencia. Al mismo tiempo, parece plausible que haya habido conversaciones reales en la Moncloa entre Aznar y Arzallus con un tenor análogo al del diálogo que encabeza este artículo.

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Pasemos de las hipótesis a los datos. Del "espíritu de Ermua" ya sólo hablamos los no nacionalistas, mientras que el giro estratégico del PNV le ha llevado a intentar la articulación de un "frente nacionalista" incompatible con la unión de todos los demócratas en torno a la mesa de Ajuria Enea. Sus portavoces más autorizados han sugerido incluso la posibilidad de que el próximo Gobierno vasco esté formado por una coalición PNV-EA con el apoyo externo de HB-EH. Consideran descartado que se produzca cualquier otro resultado electoral -lo cual va a depender bastante del grado de participación- y cuentan con la división y consiguiente parálisis política del PP y del PSOE, derivada de sus enfrentamientos tanto en Euskadi como en la política nacional.

Para justificar esa política ante su propio electorado, el PNV idealiza el cambio de siglas y la nueva orientación de la Mesa Nacional de HB -su "cintura política", teorizada en los documentos de KAS-, volviendo a defender la legitimidad de la coincidencia de objetivos entre abertzales pese a las discrepancias que mantienen sobre los medios a utilizar. Y al rebufo de los acuerdos de Irlanda del Norte, busca con ahínco la declaración de una tregua por parte de ETA, aunque sea de naturaleza táctica. Todo vale, si con ello se justifica el giro emprendido. Sobre todo se pretende una tregua, mejor explícita que implícita y si es posible sin plazo de caducidad, como argumento de autoridad a favor de la nueva coalición nacionalista.

La realidad, sin embargo, no es la que nos quieren hacer ver los nacionalistas. Si se declarase una tregua, no estaríamos asistiendo al abandono definitivo de la violencia, sino más bien a la demostración de que para tal renuncia faltan determinadas condiciones o contrapartidas. ¿En qué podrían consistir? Como demócratas sabemos que no cabe la negociación política con quienes practican la violencia: ni la libertad, ni los derechos humanos, ni las reglas de juego de la democracia pueden quedar al albur de lo que decidan quienes han hecho de la muerte y del terror su único argumento.

Cabe, empero, la generosidad de la democracia con quienes venían negándola pistola en mano, pero siempre que su renuncia a la violencia sea definitiva. El punto 10 de los acuerdos de Ajuria Enea es claro al respecto: no basta una simple tregua para que sean aplicables sus previsiones y estemos ante el escenario de un final dialogado de la violencia. Ni, llegado el caso, será posible marginar del diseño de su propio futuro a quienes no siendo nacionalistas son tan vascos como éstos. Tampoco es admisible la pretensión de atribuir la exclusiva de las decisiones que atañen al marco institucional vasco a lo que algunos denominan "el ámbito vasco de decisión"; salvo que se quiera ignorar la realidad y el ordenamiento vigente, situando las posibles soluciones fuera del marco legal, estatutario y constitucional. Es decir, fuera del Estado democrático y de derecho.

A raíz de la firma de los acuerdos de Ajuria Enea se habían conjurado todos esos temores, pese a las divergencias lógicas entre unos y otros, gracias a la consolidación de un espacio de diálogo entre demócratas superador de la confrontación entre nacionalistas y no nacionalistas. Pero los cambios que se han producido en los últimos tiempos suponen un retroceso hasta situaciones anteriores a 1985, fecha del primer acuerdo parlamentario entre nacionalistas y socialistas vascos. La nueva estrategia del PNV, la falta de liderazgo del Gobierno Aznar, su parálisis ante la posibilidad de que pueda anunciarse en breve una tregua táctica de ETA ligada a propuestas de solución orientadas por la óptica exclusiva de los nacionalistas, han hecho saltar todas las señales de alarma.

No basta con reiterar la necesidad del consenso, si no se hace nada por rehacerlo a partir de las fracturas generadas. No basta siquiera con la eficacia de las actuaciones policiales contra ETA, siempre necesaria. En un momento en el que las estrategias de protagonistas principales, como el PNV, se modifican de raíz, no hay que equivocarse en el análisis: al lado de algunos movimientos tácticos, se están produciendo otros más profundos, que alteran los escenarios en los que nos veníamos moviendo. Por eso, los socialistas pensamos que ha llegado el momento para las fuerzas democráticas de retomar la iniciativa política; una iniciativa que se nos irá de las manos si dejamos diluirse al "espíritu de Ermua" y, con él, lo que queda vigente de los pactos de Ajuria Enea y de Madrid. Por eso proponemos al Gobierno y a los demás partidos democráticos la elaboración y el lanzamiento, ahora, de una oferta de paz para el País Vasco.

Una oferta de paz que debiera contar con el respaldo de todos los partidos democráticos

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Viene de la página anterior -¡no es unilateral, señor Aznar!- y que tiene que ser liderada por el Gobierno -¡no es una propuesta partidista, señor presidente!-. Una oferta basada en que la renuncia a la violencia, para ser creíble, sea de carácter definitivo e irreversible, sin condición de ningún tipo. Una oferta que deje meridianamente claro que no es negociable la democracia, y por lo tanto no cabe establecer contrapartidas políticas al hecho mismo de dejar de matar. Lo que sí cabe es la generosidad con quienes asuman esa opción de paz. Pero la mano tendida no puede estarlo de manera permanente. La promesa de generosidad se convierte en una garantía de impunidad si no se le pone límite temporal. Decir que "seremos generosos con quienes dejen de matar" supone -como nos ha enseñado la experiencia- una patente de corso para que quienes asesinan lo sigan haciendo, a menos que esa promesa esté acotada a un periodo de tiempo definido.

En eso debiera consistir esa oferta, que cobrará validez si es compartida por otras fuerzas democráticas y liderada por el Gobierno. Es deseable, en todo caso, que quienes se pronuncien sobre ella lo hagan refiriéndose a su contenido, y no escurriendo el bulto con formalismos o apelaciones al momento preelectoral que vive el País Vasco.

Si hay propuestas mejores, bienvenidas sean. Al lanzar esta iniciativa, no estoy pensando en protagonizarla -pues le corresponde al Gobierno hacerlo- sino en su utilidad para que todos los demócratas ganemos definitivamente la batalla contra el terrorismo. Lo que, obviamente, es mucho más importante que saber quién ganará las próximas elecciones vascas. Creo que en esta ordenación de prioridades coincide la inmensa mayoría de quienes acudan a las urnas el próximo 25 de octubre, y la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, vascos o no, que por encima de siglas y banderas queremos la paz, y defendemos el actual marco democrático.

No es éste un momento en el que lo prudente sea callar, sino hablar. Con la mayor claridad posible, con coraje cívico. Porque el silencio y las actitudes pasivas de quienes no somos parte del mundo nacionalista, nos pasarían factura en algún momento. Nos podríamos encontrar con que Arzallus le diga algún día a Aznar que la piscina ya está llena de agua. Pero quizás le habríamos permitido entretanto que se llevase toda el agua a su molino.

Joaquín Almunia es secretario general del PSOE.

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