La agenda de Cataluña
CATALUÑA SE apresta a vivir un curso político de gran importancia, en que por primera vez la palabra alternancia tiene un carácter algo más que retórico. La anunciada anticipación de las elecciones autonómicas para el primer trimestre de 1999, siguiendo la mala costumbre de algunos gobernantes de utilizar recursos legales excepcionales por razones estrictamente tácticas de interés partidario, y el cumplimiento en junio del final del mandato de las corporaciones locales sitúa a Cataluña en un periodo de alta tensión política, alimentada por el hecho de que por fin Pujol cuenta con un rival que no parece escogido por él.Aunque pueda parecer iluso esperar grandes cosas de un periodo de campaña electoral permanente, Cataluña tiene planteados algunos problemas ineludibles, que deberían ocupar el centro del debate, para que los ciudadanos tengan realmente la opción de decidir sobre el futuro de este país. No han ido en esta dirección las noticias de este verano: el candidato socialista, Pasqual Maragall, ha optado por la discreción y ha preferido dedicar los días a pisar territorio y a entrar en contacto con la ciudadanía; Durán Lleida ha aprovechado los vacíos informativos para plantear la necesidad de que Convergencia i Unió entre en el futuro en los Gobiernos que apoye y ofreciéndose como número dos electoral de la coalición, abriendo recelos y conflictos presucesorios con sus asociados; Pujol ha optado por negar a la oposición que tenga modelo alternativo, es decir, por invitar a Maragall a que vaya al terreno donde el nacionalismo tiene las de ganar. Es hora de exigir a los dirigentes políticos catalanes que no eludan los asuntos en los que se juega de verdad el futuro. Y no eludir quiere decir en este caso hacer propuestas diferenciadas que den razones fundadas para votar a unos u otros candidatos.
La agenda empieza por la cuestión de la financiación, que pide a gritos un modelo racional y estable que acabe para siempre con la estrategia del regateo, el cambalache y la queja permanente, que sólo consigue generar recelos y desconfianzas entre Cataluña y el resto de España. No se puede seguir pactando modelos de financiación que en el momento en que se aprueban ya se consideran insuficientes. Hay que encontrar una solución satisfactoria que dé a Cataluña capacidad suficiente de autogobierno y que no sea provisional antes de empezar a aplicarse.
Financiación y articulación política: el principio de lealtad entre los diversos pueblos de España hace exigible que se sepa cuál es el horizonte de la relación de Cataluña con el conjunto del país. Sobre ello tienen que manifestarse con claridad los diferentes candidatos. La mayor deslealtad es no decir lo que se piensa para que los otros no lo tomen mal. No hay mayor desconfianza que la que se funda en la sospecha de que unos y otros están jugando a engañarse y que cada cual espera la coyuntura favorable para romper la baraja.
El modelo de administración y la organización territorial de Cataluña son también cuestiones pendientes. El Gobierno de la Generalitat no ha sabido aprovechar la ventaja de construir una Administración nueva para darle un estilo de modernidad, de eficiencia, de levedad, de cultura del servicio público. Más bien al contrario: se ha desarrollado una burocracia voluminosa más preocupada por demostrar que es como un Estado que por la eficacia en el ejercicio de las tareas asignadas. La tendencia al centralismo de un Gobierno catalán que practica en su territorio el jacobinismo del que acusa a los Gobiernos españoles ha conseguido embrollar, en vez de organizar, la estructura territorial de Cataluña, en detrimento principalmente de la vida municipal, y ha dejado muchas deficiencias en factores básicos para el desarrollo del país como los que conciernen a equilibrio social e infraestructuras. Hablar de organización territorial no significa sólo optimizar las condiciones para una mayor productividad y crecimiento, sino también afrontar los problemas de equilibrio ecológico y los fenómenos de marginalidad y exclusión que rompen la cohesión social.
Finalmente, la sumisión de la política cultural a la política lingüística ha dejado muchos huecos en la cultura de Cataluña. La pérdida de presencia en las industrias de la cultura y de la información, en las que se juega el futuro industrial de Cataluña, tiene mucho que ver con esta concepción estrecha que reduce los problemas de la cultura a la cuestión de la lengua. Si la democracia es capacidad de elegir, los problemas que Cataluña tiene planteados son suficientemente importantes como para que los candidatos no los eludan, de modo que los ciudadanos puedan ejercer su libertad con pleno conocimiento de causa.
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