El Gobierno acusa a Mariscal de "autoritaria" y de no "evolucionar"

El Gobierno vasco acusó ayer a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, de "autoritaria" y de defender una concepción anticuada de la justicia por plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto para determinar qué administración, la vasca o la central, es competente para diseñar la plantilla judicial. El Departamento de Justicia del Ejecutivo autónomo elaboró el año pasado junto a los sindicatos los requisitos para configurar la plantilla judicial. Sin embargo, el ministerio ha visto irregularidades en seis de ellos. Así, la ministra elevó al alto tribunal un conflicto positivo de competencias el pasado 12 de agosto para que resuelva qué Gobierno debe elaborar las plantillas. En una valoración de urgencia, el Departamento de Justicia lamentó ayer la decisión de la ministra que "hace caso omiso de las recomendaciones favorables de todos los agentes implicados en la Administración de Justicia" y reitera que no se trata de un conflicto derivado de reivindicaciones de mayores competencias por parte del Gobierno vasco, sino por las diferentes "formas de entender el servicio de Justicia". "La ministra", apuntó la consejería, "defiende una posición decimonónica, no acepta la modernización de la Justicia y se niega a evolucionar". Además, el departamento asevera que "los criterios que mantiene la ministra llevan a considerar que los cuerpos de administración de la Justicia son un fin en sí mismos, rigiéndose en su gestión sólo por el principio de antigüedad, sin estar obligados a adecuarse a los cambios de la sociedad". "Todos los datos", añade la consejería, "apuntan que la decisión de llegar hasta el Constitucional es unilateral, autoritaria y defensora de principios contrarios a la modernización". El Gobierno también señaló que adoptará decisiones de mayor calado cuando analice en profundidad las consecuencias que se puedan derivar para la gestión de la Administración de Justicia en el País Vasco del conflicto planteado ante el Tribunal Constitucional. El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga (EA), ya advirtió a mediados de agosto que si se hace efectiva la suspensión del decreto vasco de plantillas "tendremos una patata muy caliente".