Ecologistas denunciarán a los alcaldes de Tarifa y Barbate por vertidos clandestinos en las playas

La localización de dos vertidos clandestinos en playas de las localidades gaditanas de Tarifa y Barbate provocó ayer la denuncia inmediata de la Federación Ecologista Pacifista Gaditana (F.E.P.G.) y la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz. Los ecologistas desvelaron unos hechos, que enseguida fueron confirmados por el gobierno andaluz, y anunciaron que emprenderán la vía judicial contra los alcaldes de ambos municipios por un presunto delito ecológico. La actuación de Medio Ambiente se centró ayer en la apertura de un expediente administrativo que se resolverá en dos días. El vertido más agresivo para el medioambiente, según denunciaron ayer los ecologistas, se localiza en Zahara de los Atunes (término municipal de Barbate) donde las aguas residuales de unas 25.000 personas de esta población y de la vecina urbanización de Atlanterra (Tarifa) vierten al arroyo del Cachón, que termina por remansar en una gran charca pestilante y nauseabunda. Los fuertes olores han motivado que el Ayuntamiento haya abierto una zanja para evacuar esta ingente cantidad de miles de metros cúbicos de agua contaminada directamente a la concurrida playa de la localidad. La corriente y el oleaje han extendido la contaminación por esta parte del litoral, sin que se haya informado, según denuncia la FEPG, a los bañistas del riesgo que corren. El segundo punto negro se registra en los poblados de Bolonia y El Lentiscal, en el término municipal de Tarifa, que vierten también sus aguas en la misma playa de Bolonia, conocida precisamente por su promoción turística de aguas limpias y entorno natural. "Es increíble que a estas alturas y en playas de la fama de Bolonia y Zahara las aguas sean vertidas directamente al mar. Es una verdadera pena que no haya depuradora y que esto ocurra en unos enclaves en pleno auge turístico a los que acuden masivamente famosos y turismo de calidad en atención al entorno natural, la tranquilidad y sus limpias aguas", lamentó Juan Clavero, ex coordinador de la CEPA y portavoz de la FEPG, que anunció la vía judicial contra estos dos municipios: "Son hechos tipificados en el actual Código Penal como delito ecológico y contra la salud pública". Clavero recordó que la legislación en esta materia estipula penas de prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial a los que realicen vertidos a las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, recogiéndose como agravante el que exista riesgo para la salud de las personas. "Lo han hecho sin autorización y lo más grave es que no se ha informado de nada y la gente se sigue bañando sin saber los daños para la salud que ello puede generarles. Había casi un pacto de silencio entre los comerciantes para evitar que se ofreciese una mala imagen al turismo de la zona". El portavoz ecologista se mostró confiado en la actuación de la justicia: "Espero que la Fiscalía y los jueces, a los que remitiremos un informe ambiental, actúen con firmeza". Sanciones inmediatas Más moderado en sus manifestaciones se pronunció el delegado provincial de Medio Ambiente, Sebastián Saucedo, que confirmó que el jefe de Protección Ambiental de Cádiz, Juan Gervilla, había comprobado en el lugar de los hechos la gravedad de los vertidos. Con todo, anunció la apertura de un expediente administrativo que se resolverá de inmediato. "Si tiene categoría de delito ecológico actuaremos de forma contundente. Si no es así, el expediente administrativo generará en una sanción porque estos vertidos no están autorizados", detalló Saucedo, que descartó pronunciarse sobre si secundarán la vía judicial siguiendo los pasos de la FEPG "porque es todavía un poco precipitado". El delegado provincial reconoció, en cambio, que esta situación no es nueva y que los requerimientos de medio ambiente se han sucedido en años anteriores. "Pero lejos de resolverse este año se ha agravado la situación de tal manera que daña al entorno marino de Zahara", concluyó.