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El SAS exige 2,5 millones a una clínica que funcionaba sin licencia de apertura

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reclamado por vía ejecutiva el pago de una multa de 2,5 millones de pesetas a la clínica privada Costa Oeste, instalada en El Puerto de Santa María (Cádiz), por haber desarrollado actividad médica sin la preceptiva licencia de apertura. El SAS impuso la sanción, tras confirmar los hechos, el pasado mes de abril y abrió un periodo para que el centro médico presentara sus alegaciones. Superado el plazo sin que se haya presentado alegación alguna, el SAS exige el pago de la multa.

El SAS impuso la sanción en abril, una vez comprobada la veracidad de los hechos, y, a partir de entonces, notificó la multa al propietario y abrió un periodo de admisión de alegaciones. Ahora, superado el plazo, y dado que ni se han presentado alegatos ni se ha abonado el importe de la sanción, la administración sanitaria recurre a la vía ejecutiva, paso previo de la notificación del impago a la Hacienda pública. La actual licencia con la que cuenta el centro fue tramitada después de que la administración detectara la irregularidad. El SAS instruye ahora un segundo expediente a la clínica Costa Oeste con el que pretende confirmar las denuncias de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de Cádiz (AVINESA), que asegura que el centro desarrolla una actividad médica superior a la que está autorizada. En concreto, esta asociación sostiene que este centro está practicando cirugías, para lo que no está suficientemente habilitada. En este segundo expediente se han hecho ya siete inspecciones al centro y se ha consultado personalmente a los pacientes tratados en la clínica. Su resultado se conocerá a finales de septiembre. De determinarse la veracidad de esta segunda denuncia, la instalación podría sufrir nuevas multas económicas o incluso la orden de cierre definitivo. Mientras, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tramita una evaluación de la situación legal del propietario del centro, el doctor Javier Oña, que se encuentra en situación de baja por invalidez permanente, por la que cobra una pensión. A pesar de esta circunstancia, Oña continúa ejerciendo, al interpretar que la baja no le impide desarrollar labor en su instalación privada, sino exclusivamente en la sanidad pública. La baja le fue concedida por su condición de portador del virus de la hepatitis C. Inversiones Por otra parte, la entrada en servicio del centro de salud de La Paz, en Cádiz, ha dado inicio al nuevo calendario de inversiones que el SAS va a hacer en la capital gaditana en los próximos meses. Este nuevo centro sanitario atenderá a una población de 24.500 habitantes y está previsto que las obras, sobre una superficie útil de 1.700 metros cuadrados, empiecen en octubre, una vez que sean adjudicadas. La delegada de Salud en Cádiz, María de la O Jiménez, se reunió ayer con las tres asociaciones de vecinos que hay en la zona que cubrirá el nuevo centro para explicarles su funcionamiento y equipamiento. La plantilla de La Paz se incrementará en 37 empleados, lo que supondrá una inversión adicional de 100 millones y contará como principales novedades con la informatización de todos los servicios y una mayor atención horaria en todas las consultas médicas. La nueva instalación sanitaria contará con servicios de odontología, planificación familiar y distribución de metadona. El resto de las inversiones serán dirigidas a la mejora de las instalaciones de los centros de salud de Loreto Puntales, con un presupuesto de 90 millones; Cervantes, con 70, y Vargas Ponce, con 135 millones de pesetas. "Con estas actuaciones, que estarán terminadas todas en el 2000, y las que tenemos pendientes en Puerta de Tierra, la ciudad de Cádiz tendrá completada la red primaria de atención sanitaria", subrayó María de la O Jiménez, que hizo extensible este compromiso con toda la provincia gaditana.

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