El ángel de la guarda de los reclusos

Un cepillo de dientes es un objeto de lujo en muchas prisiones de otros países. Sobre todo si se carece de ayuda fuera de la cárcel, como le ocurre a la mayoría de los españoles condenados en el extranjero. Pero los presos del penal de El Salé en Rabat (Marruecos) tienen su propio ángel de la guarda. Es el cónsul Juan González Cebrián. Un funcionario que se preocupa por hacer más llevadera la vida de los reclusos del país en el que está destinado. En esta cárcel un buhonero proporciona a los reclusos pasta, jabón o cualquier objeto de uso personal que le pidan. El pago no es un problema. Los gastos los liquida con González Cebrián. Pero, además, el cónsul hace llegar cada mes un sobre con una asignación económica a cada preso.

Se cumple así con una norma interna del Ministerio de Asuntos Exteriores, que instauró en los años ochenta el ministro socialista Francisco Fernández Ordóñez, y que establece un máximo por preso y mes de "hasta 100 dólares estadounidenses [unas 15.000 pesetas] para necesidades inmediatas". Sin embargo, su aplicación es discrecional y, en la práctica, depende del titular de la oficina consular el que estas ayudas lleguen a manos de los reclusos. Muy pocos lo hacen.

"Su familia le manda dinero"

"Se dan situaciones muy injustas", asegura el senador socialista Ignacio Díez, y explica el caso de Teresa Santaliestra, presa en Tailandia. Cuando Díez preguntó al cónsul español en este país si le enviaba a la detenida algún tipo de ayuda económica, éste le contestó: "No hace falta, porque su familia le manda dinero". El padre de Teresa, según Díez, está jubilado y "hace ímprobos esfuerzos" para mandarle dinero a su hija y vivir de su pensión. La indiferencia sobre los presos se convierte a veces en exceso de celo. A los presos en Colombia se les exige una "declaración de pobreza" para recibir esta ayuda, un documento obsoleto que ya pocos organismos españoles proporcionan. Esto añade enormes problemas burocráticos a los que ya se enfrentan a diario los familiares de los reclusos. Su trámite puede tardar cinco o seis meses y mientras no reciben ni una peseta.

Pero al menos a ellos tarde o temprano les llega. La situación es dramática en los países más pobres, donde la falta de atención de las autoridades españolas se suma a la dificultad de las familias para hacerles llegar sus ayudas. Países como Francia y Alemania -donde se encuentra el mayor número de condenados españoles: 278 y 131, respectivamente- no acusan este problema. En estos dos países muchos de los condenados españoles prefieren no ser repatriados.

Entre los casos más duros está el de los países sin oficinas consulares. Es la situación de Eslovenia, donde actualmente existe un solo un preso español. La representación más cercana está en Viena. Así, la atención de las autoridades consulares se convierte no en un derecho, sino en un milagro.