La doble condena de la burocracia

Las puertas de la cárcel de Bangkok (Tailandia) se cerraron hace ahora cuatro años con un estruendo que Teresa Santaliestra, de 35 años, no olvidará mientras viva. Fue condenada a cadena perpetua por posesión de dos kilos y medio de heroína. Gracias a un indulto del monarca tailandés, consiguió rebajar su pena y ahora Teresa sólo tendrá que cumplir 40. Ella es uno de los 1.350 españoles presos en todo el mundo. La mayoría espera finalizar su condena en cárceles de España. Así lo permiten los convenios bilaterales firmados con una veintena de países, que implican un acuerdo mutuo para repatriar a los condenados nacionales. Pero, a menudo, se convierten en papel mojado. El regreso de los presos se alarga, años incluso, porque se ponen trabas o porque se ignora la literalidad de lo acordado. En muchos casos, el país de acogida ni siquiera muestra voluntad política para ratificar un acuerdo alcanzado por la diplomacia.

Teresa pidió su traslado sabiendo que cumplía los requisitos que exigía el convenio: estar condenada en sentencia firme. Ahora espera a que se le dé una fecha de regreso. Pero la letra impresa de los tratados no cubre siempre todo. "El convenio con Tailandia no dice nada de cuándo han de volver los presos", explica su abogado, Eduardo Vicente, "lo que deja la decisión a las autoridades tailandesas". Así, éstas imponen un mínimo de cuatro años de estancia en sus cárceles para que comience a tramitarse el expediente de repatriación. Demasiado tiempo para salir ileso de penales de condición infrahumana, un problema que se repite en cárceles asiáticas, africanas y suramericanas.

La situación de Francisco Galliot, de 50 años, como la de la mayoría de los 115 reclusos de Marruecos, es también dramática. En este país reside una de las mayores colonias de presos españoles de todo el mundo. A las condiciones de las cárceles se unen en muchos casos la enfermedad y una situación económica desesperada. Galliot padece del corazón y lleva marcapasos. De los 10 años de su condena ha cumplido tres. Pero le queda lo más difícil. Debe pagar una sanción administrativa impuesta por las autoridades marroquíes que asciende a 500.000 dirhams (7,5 millones de pesetas).

Es una multa que deja impracticable el convenio. "No hay que olvidar que los presos de Marruecos, en su mayoría condenados por narcotráfico, no son los que mueven las grandes cantidades de droga", explica el senador socialista Ignacio Díez, quien mantiene una constante relación con ellos a través de cartas. "He tenido la ocasión de conocer a sus familias y son trabajadores. Pagar estas multas supone para ellos un sacrificio".

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, viajó el pasado 22 de junio a Marruecos, donde se entrevistó con su homólogo, Omar Azziman, para buscar una salida al problema de los reclusos insolventes. "Su viaje creó muchas expectativas", dice Díez, "pero fue un fiasco. Sólo se llegó al acuerdo de tratar caso por caso y no dio solución a los más urgentes".

No es la primera vez que las relaciones diplomáticas de alto nivel no obtienen resultado. El interés mostrado en recientes visitas oficiales a Egipto por el Rey y por el presidente del Gobierno, José María Aznar, tampoco ha servido para que Juan José González, un taxista de Vigo condenado a cadena perpetua por tráfico de estupefacientes y preso desde hace 11 años en la cárcel de El Kanater, sea indultado y se permita su repatriación. En este tiempo ha hecho esfuerzos por insertarse, estudiando derecho y psicología a través de la UNED. Es la única forma de mantener la esperanza, mientras Egipto antepone una y otra vez al convenio una ley interna que impide el traslado de extranjeros condenados por delitos de droga.

La primera potencia del mundo también se salta los acuerdos. Estados Unidos olvida sistemáticamente a los reclusos españoles que solicitan su repatriación y ello a pesar de que motu proprio solicitó la adhesión al convenio 112 de Estrasburgo, que rige para los países del Consejo de Europa. Para colmo, la Secretaría de Estado de Justicia declina su responsabilidad y remite la decisión sobre el traslado a los Estados, en muchos de los cuales está vigente la pena capital.

En el caso de Joaquín Ramos, de 28 años, -condenado en Argentina a cadena perpetua por su participación en el asalto al cuartel de Tablada, en enero de 1989-, el acuerdo de los gobiernos se ha visto truncado por la propia justicia argentina. "Llevamos casi seis años con los trámites para conseguir su traslado", asegura su madre, Marta Mora. Cuando en 1993 se le otorgó el permiso para su repatriación, la justicia cuestionó la facultad del poder ejecutivo argentino para concederlo. "Además, opuso la doble nacionalidad de mi hijo, algo de lo que no habla el tratado", añade.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos determinó en diciembre del año pasado que en este caso Argentina había violado su Constitución, además del convenio con España. Las últimas noticias de la madre de Joaquín dicen que su regreso está cerca. Para el resto de presos es cuestión de tiempo. Demasiado tiempo.