Las prácticas agrícolas tradicionales originan el 80% de los incendios forestales

La percepción general asocia los incendios forestales a la locura de los pirómanos, a los intereses de la industria maderera y a la voracidad de la especulación inmobiliaria. En realidad, estas tres causas son estadísticamente irrelevantes. El 80% de los fuegos se origina en quemas de pastos y rastrojos: son incendios intencionados, sí, pero rara vez malintencionados. Los técnicos de Medio Ambiente consideran un error criminalizar esas prácticas agrícolas milenarias y abogan por llegar a pactos locales con los agricultores para que trasladen las quemas al invierno.

De los incendios restantes, aproximadamente un 15% se debe a negligencias de domingueros y excursionistas, y alrededor de otro 5% a rayos y otras causas naturales, según los datos de la dirección general de Conservación de la Naturaleza. Los casos de piromanía como el desastre de este verano en Cataluña, causado supuestamente por un desengaño amoroso, constituyen una rareza estadística contra la que, por otra parte, resulta casi imposible adoptar políticas preventivas eficaces. La base de datos del actual Ministerio de Medio Ambiente, una de las más completas del mundo desde 1968, desmiente también la extendida creencia de que gran parte de los fuegos se provocan para vender luego la madera que ha resistido a las llamas. Según el jefe de defensa contra incendios forestales de la dirección general de Conservación de la Naturaleza, Ricardo Vélez, en el 95% de los siniestros españoles no queda ninguna madera que se pueda vender, y en el resto, tal práctica tendría una rentabilidad dudosa.

Especuladores

La suspicacia contra la especulación inmobiliaria tampoco viene avalada por las cifras. Sin duda se dan algunos casos -el actual conflicto entre el Ayuntamiento marbellí de Jesús Gil y la Junta de Andalucía refleja un ejemplo notorio-, pero su significación estadística es nimia. Los Gobiernos español y francés han llevado a cabo estudios sistemáticos sobre la supuesta relación entre los incendios y las recalificaciones de terrenos, y no han encontrado evidencias que pasen de lo anecdótico. Pese a ello, varias legislaciones autonómicas -la andaluza y la valenciana entre ellas- han incluido prohibiciones expresas de recalificar como urbanizables los terrenos forestales quemados. La eficacia de estas medidas es dudosa: Italia ya lo hizo hace 20 años y no ha registrado ninguna disminución del número de siniestros. La principal fuente de incendios forestales está muy clara en las estadísticas: las quemas con fines agrícolas y ganaderos. Muchos pastores queman terrenos forestales para alimentar a sus rebaños con los rebrotes inducidos por el fuego, o simplemente para "regenerar los pastos", como han visto hacer a sus abuelos. Además, muchos agricultores usan el fuego para eliminar malezas y rastrojos, y preparar así el terreno para la próxima siembra.

Estas prácticas son muy comunes sobre todo en el noroeste de la península. No es casual que esa zona suela dar cuenta de la mayoría de los fuegos forestales españoles (el 71% de los contabilizados este año hasta el 9 de agosto, por ejemplo). Las quemas agrícolas revisten ahora mucho más peligro que hace unas décadas, debido a que el abandono de las zonas rurales ha extendido por los montes próximos a los cultivos una verdadera alfombra de maleza, matorral bajo y otros excelentes combustibles. Los agricultores mal informados suelen hacer las quemas en verano para facilitarse el trabajo: una costumbre nefasta no sólo por el riesgo de extensión del incendio, sino porque destruye el suelo fértil y obliga luego a utilizar cantidades masivas de abonos.

Es en este ámbito -y no en la persecución penal de especuladores fantasmas- donde la política de prevención revela deficiencias evidentes. Vélez, como la mayoría de expertos internacionales, considera crucial trabajar en pactos locales con los agricultores y ganaderos para conciliar sus intereses con los de la conservación natural. "Hay que evitar criminalizar a los agricultores", señala. "La idea no es perseguir penalmente las quemas de pastos, sino elaborar programas para controlarlas y trasladarlas a meses más húmedos".

De hecho, ésta fue una de las conclusiones del último Congreso Forestal Mundial, celebrado en Turquía en octubre, y que reunió a más de 4.000 cargos públicos y técnicos forestales de 149 países. Las actas de ese congreso no ponen el acento en la persecución penal de los pirómanos, sino en la "gran importancia de que las administraciones locales y sus residentes comprendan los fines del manejo del fuego en sus zonas".

Menos hectáreas

Desde 1988, el número de incendios ha crecido en toda Europa, pero la superficie total quemada se ha mantenido bastante estable (o se ha reducido, como en España en los últimos tres años). La principal razón de lo segundo es que las técnicas de detección y extinción han mejorado y, por tanto, cada vez más fuegos se apagan antes de que superen la hectárea de superficie quemada. Pero ¿por qué ha aumentado el número? La razón no hay que buscarla en el clima. La costa sur de Europa tiene unas características muy similares al norte de África y, sin embargo, el riesgo de incendio (calculado como número de fuegos por cada hectárea de superficie forestal) es 30 veces mayor en España (y hasta 300 veces mayor en Galicia) que en Marruecos o Túnez, según los análisis que cita Vélez.

Los expertos concluyen que las causas del incremento de fuegos en Europa son socioeconómicas: el progresivo abandono de las zonas rurales (con la consiguiente invasión del monte por matorrales muy combustibles), las políticas comunitarias de reducción de excedentes agrícolas (no acompañadas por otras de incentivo a la limpieza de montes) y el mantenimiento, pese a lo anterior, de las prácticas tradicionales de quemas agrícolas y de pastos.

Lo último viene empeorado por el apoyo europeo a la ganadería intensiva, un verdadero estímulo a la quema incontrolada para alimentar a los animales con los pastos brotados tras el incendio.