Una juez obliga a la Comunidad a pagar 163 millones por los "cursos del aceite"

¿Por qué se libró una cantidad tan elevada a una entidad tan peculiar y desconocida? El consejero de Economía, Luis Blázquez, argumentó que el proyecto del aceite venía avalado por el Instituto de Comunicaciones Avanzadas (IUCCAA) de la Facultad de Ciencias de la Información, una entidad que llevaba más de un año sin dar señales de vida y en la que la propia Secanella figuraba como directora ejecutiva.La Complutense abrió una "información reservada" sobre Secanella por utilizar la imagen de la universidad sin el conocimiento de sus superiores. Además, IU denunció que el director general que concedió la subvención, Rafael Mateos, era compañero de Secanella en la Complutense, donde trabajaba como vicegerente. Este diario reveló incluso que Secanella y Mateos compartieron un viaje académico a Estados Unidos.

Pero el primer asalto judicial de este polémico asunto lo ha ganado esta profesora. En el auto dictado en el juzgado número 40 se dispone "dejar sin efecto la medida cautelar adoptada respecto a la subvención". La denuncia original de las ex socias de Secanella -Marta Garrido y Carmen de Pablos- no hacía hincapié en las circunstancias de la adjudicación, sino en el hecho de que hubieran sido apartadas de la Asociación pro Cultura del Olivo Mediterráneo "sin convocar a los socios ni a la junta rectora".

Petra María Secanella sostiene ahora que la justicia pondrá en su sitio a cada protagonista de esta historia. "La Comunidad de Madrid se ha tomado muchas alegrías en todo este asunto, y eso es algo que no se le puede permitir a una institución pública".

En su tanda de querellas, esta profesora reclama a la Administración una indemnización de 1.000 millones de pesetas por lucro cesante (el dinero que se habría dejado de obtener por el parón en las subvenciones). "Eso es lo que le va a costar a la Administración el obrar mal. Ahí se iba a crear la Agencia de Primer Empleo en Comunicaciones Avanzadas de la Complutense. Mire el perjuicio a los 500 alumnos y a los 100 periodistas que impartieron los cursos y ya verá a cuánto dinero asciende", apuntó.

El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, ve las cosas de muy diferente manera. "Esos 163 millones se tienen que depositar, que no es lo mismo que pagar. Y la decisión judicial con la que nos encontramos es una providencia, no una sentencia", recalcó.

Beteta sólo está dispuesto a pagar tres millones de pesetas, aquellos que entiende "justificados y con las facturas en regla". Sobre los 160 millones restantes aún hay mucho que decir, porque la Consejería entiende que las facturas podrían presentar anomalías.

La Complutense guarda silencio. Sus inspectores terminaron hace tiempo el expediente sobre Secanella, pero su contenido no se ha hecho público. El rectorado esperará el resultado de las actuaciones judiciales antes de "decidir posibles responsabilidades disciplinarias".