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Editorial:

Político o letrado

De las explicaciones ofrecidas ayer por el portavoz de la dirección del partido socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se deduce que la eventual participación de Felipe González como letrado de Vera y Barrionuevo en su recurso ante el Tribunal Constitucional es una posibilidad, no una decisión tomada, y que de momento lo que hay es la oferta del ex presidente de ser uno de los firmantes del recurso. Es una aclaración necesaria, porque la iniciativa plantea problemas que no deberían desdeñarse. Que algunas reacciones hayan resultado ridículamente desmesuradas no ahorra una toma en consideración de esos problemas.Formalmente, nada impide que un político, haya o no sido presidente del Gobierno, actúe como letrado ante el Constitucional, siempre que posea la titulación correspondiente. Que algo sea posible no significa, sin embargo, que sea deseable. Una vida democrática sana implica, además del respeto a la ley, atenerse a ciertas pautas de comportamiento: mantener determinados usos y costumbres implícitamente aceptados por todos en las relaciones con las instituciones y entre los partidos. Y del mismo modo que no parece deseable que, por ejemplo, un juez que ha sido alto cargo del Ministerio del Interior instruya un sumario contra miembros de ese departamento tras su vuelta a la judicatura, tampoco es conveniente que un ex presidente del Gobierno que ha influido directamente en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional participe en un pleito planteado ante dicho órgano jurisdiccional.

Dos de los integrantes del actual Tribunal Constitucional fueron nombrados en 1995 a propuesta directa del Gobierno que entonces presidía Felipe González. Así lo establece la Constitución, cuyo artículo 159 precisa que los magistrados de ese tribunal serán nombrados por el Rey para mandatos de nueve años y a propuesta del Congreso (cuatro miembros), del Senado (otros cuatro), del Consejo General del Poder Judicial (dos miembros) y del Gobierno (otros dos).

Es cierto que González no está personalmente afectado por la sentencia que será recurrida, pero es evidente que su presencia en el recurso otorga a éste una dimensión política. Será legal, pero su participación como letrado ¿no proyecta, retrospectivamente, una sombra equívoca sobre el nombramiento? Como mínimo, coloca a los magistrados en una situación incómoda. Especialmente cuando se da además la circunstancia de que uno de los dos nombrados a propuesta del Gobierno de González es el padre del letrado defensor de Barrionuevo. Y hacia el futuro, ¿no introduciría un factor adicional de desconfianza en la negociación entre los dos grandes partidos nacionales para la renovación del Tribunal Constitucional? Sería irresponsable no prever ese tipo de efectos indeseables.

Afirmar, como algún portavoz de IU, que se trata de "una ofensa a las víctimas de los GAL", o como el del PNV -coincidente en esto con HB-, que es un intento de evitar que se "derrumben" Vera y Barrionuevo, son reacciones que revelan la mezquindad de quienes las pronuncian. En el gesto de González hay probablemente un componente de solidaridad personal con los condenados que merece respeto. Sin embargo, no es el Tribunal Constitucional el foro para que un ex presidente del Gobierno exprese tales sentimientos personales. Lo que se dilucida en el recurso de amparo es si ha habido vulneración de derechos en el juicio: una cuestión técnica que requiere un tratamiento jurídico, no político. Un protagonismo directo de González en el recurso no parece adecuado para combatir esa politización de la justicia que todos dicen lamentar. Aunque, para decirlo todo, tampoco contribuyen a acabar con esa tendencia pronunciamientos tan ecuánimes como el del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que ayer calificó la eventual iniciativa de Felipe González como "una bomba de humo para no asumir sus responsabilidades y cargarse la sentencia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de agosto de 1998