La investigación del "caso Lewinsky" ha costado más de 6.000 millones

La cuenta atrás en el caso Lewinsky ha empezado con los dos testigos más importantes de la investigación, Monica Lewinsky y Bill Clinton, listos para comparecer ante los 23 miembros del gran jurado. El testimonio de ambos pondrá fin a una investigación que ha costado a los contribuyentes más de 6.000 millones de pesetas y que puede conducir al inicio de un proceso de impeachment (destitución presidencial).

La semana que terminó ayer ha sido, sin duda, desde el punto de vista de las implicaciones legales, la más importante desde que el caso Lewinsky saltó al primer plano de la actualidad nacional e internacional el pasado mes de enero. En menos de tres días, el fiscal especial, Kenneth Starr, en dos audaces e inesperadas maniobras, llegó a un acuerdo para conseguir el testimonio de la exbecaria a cambio de una inmunidad procesal total para ella y para su madre y, al mismo tiempo, adoptó la histórica decisión de enviar una citación judicial a la Casa Blanca para que Clinton compareciera ante el gran jurado, la primera vez que un presidente en ejercicio recibía una orden de comparecencia en la historia constitucional de EEUU.Las dos medidas pillaron al equipo jurídico presidencial totalmente desprevenido. Nunca creyeron que Starr fuera a adoptar la inusitada medida de forzar la comparecencia personal de un presidente ante un gran jurado. Tras una frenética negociación entre el jefe del equipo jurídico de Clinton, David Kendall, y Starr, el fiscal especial accedió a retirar la citación a cambio del testimonio bajo juramento de Clinton en la Casa Blanca en un interrogatorio que será transmitido en directo por circuito cerrado de televisión a los miembros del gran jurado. El Día D, como ya ha sido bautizada la fecha por la prensa estadounidense, será el martes 17 de agosto.

Starr tuvo que hacer una importante concesión a Clinton: permitirle declarar con la presencia de sus abogados un procedimiento extraño, ya que todo testigo llamado a declarar ante los miembros de un gran jurado tiene que comparecer sin asistencia letrada. Este trato de favor al presidente no ha caído bien entre un sector de la opinión pública, dada la experiencia legal de Clinton, que ejerció como abogado e, incluso, fue profesor de derecho en la universidad de su Estado natal, Arkansas.

Por otra parte, los abogados de Clinton navegan en aguas desconocidas porque ignoran dos cosas importantes: las pruebas en manos de Starr, tras la concesión de la inmunidad procesal a Lewinsky y a su madre, Marcia Lewis, y el contenido de las declaraciones realizadas ante el gran jurado por la secretaria personal del presidente, Bettie Currie, y los agentes del servicio secreto forzados a testificar, tras una sorprendente decisión del Tribunal Supremo. Aparte del famoso vestido que, pretendidamente, contiene semen presidencial y de unos mensajes no comprometedores dejados por Clinton en el contestador telefónico personal de la exbecaria, el equipo jurídico presidencial teme que Starr presente alguna otra prueba comprometedora.

Clinton, por su parte, pretende dar al país una impresión de total normalidad, aunque, siempre que puede, aprovecha cualquier ocasión para evadirse de la asfixiante atmósfera política que se respira en la capital federal. Durante todo el fin de semana, el matrimonio Clinton participó, arropado por amigos y partidarios, en una serie de actos celebrados en los Hamptons, una elegante zona residencial de los alrededores de Nueva York. Clinton y su esposa Hillary fueron los invitados de honor en una fiesta organizada por los actores Kim Basinger y Alec Baldwin, destinada a recaudar fondos para el comité nacional del Partido Demócrata.