La juez abre juicio oral por el caso de las subvenciones a los gremios

El presidente de la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC) y del Consejo de Gremios de Comercios, Pere Llorens, se sentará en el banquillo de los acusados dado que la titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona, Remei Bona, ha acordado la apertura de juicio oral contra él y contra otras cuatro personas más por delito fiscal supuestamente cometido a la hora de repartir unas ayudas económicas procedentes de la Generalitat. La juez, además, ha exigido a los cinco inculpados el pago de una fianza total de 300 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades derivadas de su actuación y ha ordenado que en caso de impago se embarguen sus bienes. La resolución de la juez explica que Llorens acordó con Miguel Ángel Fraile, secretario de la CCC, y con el resto de los acusados constituir varias sociedades como tapadera para poder obtener entre 1988 y 1992 un total de 46 millones de pesetas procedentes del Departamento de Comercio de la Generalitat con el pretexto de informatizar los gremios o realizar cursillos de formación. El fiscal solicita para los cuatro acusados sendas penas de cuatro años de prisión por delito fiscal por no haber liquidado a Hacienda el dinero de las subvenciones. El proceso se inició tras la denuncia presentada por el gremio de drogueros y llegó a estar archivado, pero la magistrada Remei Bona lo reabrió. El fiscal asegura en su escrito de acusación que "el principal responsable" del control de las condiciones para disfrutar de las subvenciones era el entonces director general de comercio de la Generalitat, ya fallecido.